El caso Feval continuará dando de qué hablar. Los exdirectivos socialistas van a recurrir al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que les condena a ocho años, tres meses y un día de prisión por delitos de malversación de caudales y falsedad documental, así como a 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación durante su gestión al frente de la Institución Ferial de Extremadura (Feval).
El juez considera probado que José Luis Viñuela, José Villa y Juan Cerrato, como director general, subdirector y administrador, actuaron en connivencia para manipular las cuentas del consorcio y ocultar la sustracción de cantidades en efectivo (más de 200.000 euros entre los años 2005 y 2009); fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo y utilizar a los trabajadores de mantenimiento de Feval en beneficio propio.
Las defensas de Cerrato y Villa, Emilio Cortés y Manuel Borrego, respectivamente, confirmaron ayer que interpondrán sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo, una medida a la que probablemente se sumará el letrado de Viñuela, Carlos Aguilar. En el juicio los tres pidieron la libre absolución de los procesados al considerar que la causa nació «viciada» por los intereses políticos y que «el núcleo de la acusación», esa supuesta hoja Excel extracontable en la que se anotaban las cantidades de efectivo que los trabajadores entregaban directamente a Cerrato y que luego desaparecían de la caja de Feval, «está contaminada».
Alegan que no ha quedado acreditado que su procedencia sea lícita y en cualquier caso, podía ser manipulada por cualquier trabajador del departamento de administración. Unas tesis en las que ahondará Cortés para recurrir el fallo «en su integridad» ante el Supremo. «Es una sentencia desproporcionada, se basa una prueba que se ha obtenido de forma ilícita», recalcó el letrado, que estima que el Alto Tribunal podría dictar sentencia definitiva en un año o catorce meses.
REACCIONES POLÍTICAS / Mientras tanto, las reacciones políticas no se hicieron esperar en los pasillos de la Asamblea de Extremadura, donde ayer se celebró pleno ordinario. El líder del PP, José Antonio Monago, reiteró que el de Feval es «el mayor escándalo de corrupción política» en Extremadura e insistió en que Guillermo Fernández Vara tiene «una responsabilidad in vigilando» como máximo responsable del Ejecutivo autonómico y también del PSOE extremeño. El popular insistió en que los tres condenados estaban «muy vinculados» al Partido Socialista (Viñuela ha sido también alcalde de Don Benito y diputado de la Asamblea) y destacó que haya una sentencia condenatoria sobre «unos hechos muy graves que denunció el PP pero que negó el PSOE», y que ahora se ha confirmado que son «un rosario de delitos». «Nos dijeron que el caso Feval era una cortina de humo y ahora hemos sabido que la cortina no llevaba humo, traía ochos años de prisión», dijo.
Para el PSOE sin embargo, el fallo judicial demuestra que en Feval «no hubo ninguna trama organizada ni contabilidad en negro» (lo que se considera probado es que cantidades de efectivo desaparecían de la contabilidad oficial). El portavoz socialista, Miguel Ángel Morales, destacó además que el fallo recoge que fue la auditoría que la Junta de Extremadura ordenó en abril del 2011 la que da pie a la sentencia, informa Efe.
Por ello, a su juicio, se «da la razón» a Fernández Vara, cuya voluntad era entonces ofrecer transparencia. Morales también recalcó que fue el gobierno socialista quien instó a la Junta Rectora de Feval a cesar de sus cargos a Viñuela, Villa y Cerrato, y que pese al cambio de gobierno en 2015, el consorcio se mantuvo en la causa personado como acusación particular. «Se cumplieron las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales», sentenció.
Para el líder de Podemos, Álvaro Jaén, el fallo de la Audiencia Provincial viene a confirmar que «PP y PSOE se parecen demasiado». Una similitud de políticas y actitudes que se reflejó «cuando decidieron aplicar recortes, cuando reformaron la Constitución para dar prioridad al pago de la deuda y en las corruptelas y amigos del dinero publico para malversarlo», dijo. Por último, desde Ciudadanos María Victoria Domínguez recordó que los condenados eran cargos designados por el gobierno socialista de Vara y que por tanto, «tendrá que decir qué responsabilidades políticas tiene su partido».
