La intención de la Junta de modificar la Ley de Patrimonio para que los edificios del Servicio Extremeño de Salud (SES) sean considerados a efectos educativos y no paguen Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) divide a los alcaldes de las principales ciudades de la región. Mientras los ayuntamientos de Badajoz y Cáceres se oponen frontalmente a la medida, el de Plasencia no la ve del todo "ilógica" siempre y cuando se necogie y se paguen los atrasos, y el de Mérida cree que sería positiva si revierte en la mejora del servicio sanitario. La propuesta del Ejecutivo se recoge en el borrador de la Ley de Medidas Tributarias, que además de la reforma fiscal, incluye la modificación de varias normas autonómicas para mejorar la recaudación. La propuesta afectaría a todas las dependencias, instalaciones y edificios afectos al SES, organismos autónomos y consejerías en las que se impartan enseñanzas regladas o no regladas, de grado o de posgrado, que serían considerados a efectos educativos y por tanto, quedarían exentos de pagar el IBI. El ahorro se cuantifica en 2,3 millones de euros.
El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, calificó de "barbaridad" la pretensión de la Junta y aseguró que utilizará todos los instrumentos necesarios para evitar que eso ocurra. Fragoso acusó al Gobierno regional de querer hacer "trampa", porque la esencia de los centros sanitarios es atender a los pacientes, por mucha formación que se imparta en ellos, y "deben pagar porque el IBI financia los servicios de la ciudad". "Por esa regla de tres, animo a que dejen exentos de IBI a todas las empresas que tiene alumnos en prácticas de FP o de carreras universitarias, porque también son centros de formación", dijo el alcalde, quien criticó que "siempre se tire de los más débiles", en referencia a los ayuntamientos, cuando se buscan fondos "desesperadamente".
MAL EJEMPLO Fragoso recordó que un informe de la Dirección General de Tributos ya dictaminó que no se puede legislar para "autoquedarse" eximido de pagar este impuesto. El alcalde pacense aseguró que no buscará la confrontación con la Junta, pero no se va a quedar de brazos cruzados cuando a la ciudad "se le quiere quitar un millón y pico de euros de ingresos". Por su parte, el Equipo de Gobierno de Cáceres acusó a la Junta de buscar "triquiñuelas" para no pagar y señaló que esto es un "mal ejemplo", dado que debe asumir sus responsabilidades como todos los ciudadanos. "Intentar privar a los ayuntamientos de los ingresos en concepto de IBI es un ataque al municipalismo por parte del presidente", indicó el consistorio cacereño, que, en el caso de perpetrarse la medida, utilizaría "todas las fórmulas legales para su paralización".
El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, también mostró ayer su oposición a la medida. En su opinión, lo primero que debería hacer la Junta es "liquidar la deuda que tiene contraída con las administraciones locales" precisamente por el pago del IBI de edificios de la administración regional, y después "abrir el debate" sobre los centros sanitarios. Para Pizarro, esta no es una medida "ilógica", puesto que podría equipararse a la exención de los centros educativos públicos, pero considera que no se puede tomar a la ligera y sin abrir un debate. "Habría que matizarla porque supondría una merma de ingresos importante para los ayuntamientos", dijo el primer edil, que abogó por establecer algún tipo de compensación.
Solo el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que comparte signo político con la Junta, aprueba la medida. "Me parece muy bien siempre que la exención revierta en la mejora del servicio sanitario y beneficie a los ciudadanos", afirmó el regidor, que matizó que en caso de llevarse a efecto "el ayuntamiento no pondría ningún problema aunque pudiera perder ingresos".
