El exgerente de Feval ingresa en prisión

El exgerente de Feval, Juan Francisco Cerrato, ingresó en el centro penitenciario de Badajoz el pasado martes, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz desestimara el recurso presentado por su abogado para eludir la cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos. El argumento esgrimido por el letrado fue que su defendido padecía una enfermedad, pero la sección 3ª de la Audiencia Provincial, con sede en Mérida, no lo atendió en dos ocasiones. Por eso, el pasado 21 de enero ordenó el ingreso en prisión de su defendido que se ha producido el día 29.

Juan Francisco Cerrato ingresó en prisión de forma voluntaria a las 8 de la mañana, aseguraron esta mañana a El Periódico Extremadura fuentes penitenciarias. En el centro lo habitual es que los nuevos internos permanezcan en el Departamento de Ingresos al menos 1 día, pero en este caso el reo permanece todavía en este emplazamiento a la espera de que se le asigne un módulo definitivo. La Audiencia Provincial no ha atendido a la reclamación del abogado de Cerrato al atender que la enfermedad del defendido solo requiere de tratamiento farmacológico y revisiones periódicas de su médico. Así mismo, no ha considerado la suspensión de la pena a pesar de que el condenado tiene solicitado el indulto por cuanto que la acusación es por corrupción.

Tribunal Supremo

El ingreso responde al fallo de la Sala II del Tribunal Supremo del pasado mes de mayo cuando el alto tribunal redujo las penas impuestas a los exdirectivos de la Institución Ferial de Extremadura (Feval) a cuatro años y medio en el caso de Francisco Cerrato, un año y nueve meses para José Luis Viñuela, mientras que a José Villa le absuelvió de todos los delitos por los que fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz.

Con este fallo sólo Francisco Cerrato debía ingresar en la cárcel, no así José Luis Viñuela y José Villa al haberse atendido parcialmente sus recursos y ver reducidas sus penas por debajo de los 2 años. Cabe recordar que la Audiencia Provincial, en Mérida, el 7 de junio de 2017, condenó a cada uno de los tres acusados a ocho años y tres meses de prisión, así como inhabilitación por diferente tiempo, por delitos de malversación, falsedad en documento público y prevaricación, y, como responsabilidad civil, estableció que debían indemnizar solidariamente a Feval con 201.644 euros. Sin embargo, el Tribunal Supremo atendió a los recursos presentados.