Las organizaciones Ecologistas en Acción y Adenex han exigido a la Junta de Extremadura que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el proyecto para construir el complejo de lujo Marina de la Isla de Valdecañas y que obligaba a demoler las construcciones ya realizadas y restaurar el terreno.

Abogados de las dos organizaciones han comparecido hoy en rueda de prensa en Madrid para exigir esos cumplimientos, después de que la Junta de Extremadura haya alegado que es imposible cumplirla desde el punto de vista legal, y que los impactos medioambientales serían mayores de demolerse lo construido.

José María Trillo Figueroa, abogado de Ecologistas en Acción, ha señalado que la Junta de Extremadura "ha optado por mantenerse en la ilegalidad" y poner "los bienes públicos en beneficio de intereses privados", cometiendo un "abuso en toda regla" que pone en entredicho el cumplimiento de las leyes.

Para Trillo Figueroa, los motivos alegados por la Junta para negarse a ejecutar la sentencia "carecen de fundamento y son tendenciosos", y siguen evidenciando "que no existe motivación para el proyecto ni se justifica el emplazamiento elegido".

Por su parte, la abogada de Adenex, Mª Ángeles López Lax, ha afirmado que este caso demuestra que "cuando hay intereses urbanísticos no hay ley que valga, porque arrasan con todo" y ha lamentado la actitud de la Junta de Extremadura de hacer "caso omiso" de la legalidad.

Los ecologistas han recordado la "contundencia" de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y del Tribunal Supremo, y han denunciado la "desidia" de la administración regional.

El Proyecto de Interés Regional Marina de Isla de Valdecañas se aprobó en 2007, cuando el Gobierno de Extremadura recalificó los terrenos de la Isla de Valdecañas, pertenecientes a la Red Natura 2000, para permitir la construcción de un complejo turístico de lujo, pero fue llevado a los tribunales por los ecologistas.

En 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declaró la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior, y el pasado mes de enero confirmó esa sentencia.