El segundo Congreso sobre el Estado de los Derechos Humanos de Extremadura finalizó ayer con un decálogo que recoge las denuncias y las propuestas de solución elaboradas por los 70 expertos y más de 200 jóvenes que han participado durante cinco días en las jornadas celebradas en Cáceres. El objetivo es entregar el documento a los partidos políticos extremeños para que lo incluyan en sus programas electorales.
Según los participantes, el congreso, organizado por la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura y el Centro de Investigación en Derechos Humanos de Extremadura, ha servido para "preguntarnos qué hemos hecho bien, dónde hemos fallado y, sobre todo, qué debemos hacer para mejorar las condiciones de vida de todos los extremeños".
LAS PROPUESTAS
Así, en cuanto al racismo, el decálogo incide en la importancia de incrementar esfuerzos para paliar el "aumento del racismo y la xenofobia que se empieza a respirar en algunos rincones de la región". Para ello, cita la educación y las medidas sociales como factores preventivos.
Unas mil personas, recoge la declaración, habitan en la actualidad en las prisiones extremeñas y cuentan con "importantes problemas sanitarios, educativos y sociales", por lo que se pide a la Administración regional que cuando asuma las competencias de Justicia trabaje para paliar estas situaciones.
En salud mental, desde el congreso se han pedido mayores inversiones para el tratamiento de los 10.500 extremeños que padecen enfermedades mentales. El decálogo también pide el apoyo para salvaguardar el derecho de los jornaleros y solicita que en Extremadura se empiece a aplicar la renta básica ciudadana.
El medio ambiente es otro de los aspectos analizados y en el que se realiza una crítica a los municipios extremeños por no haber aprobado y aplicado la Agenda XXI.
Los jóvenes tampoco se excluyen del documento. En este apartado se solicita que "ningún joven extremeño deje de acceder a la educación por falta de recursos económicos", además de exigir la gratuidad de los libros de texto para la enseñanza obligatoria. Todo ello se complementa con la propuesta de implantación de unos créditos para la emancipación juvenil que puedan ser devueltos más tarde. Igualmente, los expertos creen necesario un programa de detección del consumo de drogas en la escuela.
El decálogo exige un protocolo de actuación coordinado entre las fuerzas de seguridad, jueces, fiscales y servicios sociales y atención a la mujer para acabar con el tráfico de mujeres que son explotadas sexualmente en algunos locales de la región.
Por último, en el documento se pide un mayor control de los centros y residencias de mayores.
