El Consejo de Gobierno ha aprobado la Oferta Pública Extraordinaria y Adicional para la estabilización del empleo temporal de personal docente no universitario, que incluye 358 plazas de la tasa de reposición de 2018, más 20 plazas de la primera tasa de estabilización que quedaron pendientes del año pasado.

Además, a estas plazas se suman otras 342 que corresponden a las tasas de estabilización recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, lo que hace 720 plazas de oposición.

La consejería ha acordado con los sindicatos de la enseñanza en la Mesa Sectorial de Educación convocar 710 plazas para el cuerpo de maestros y 10 para el de Inspección.

De las 710 plazas convocadas para el cuerpo de maestros, 160 son de Infantil, 138 de Primaria, 106 de Inglés, 89 de Audición y Lenguaje, 78 de Pedagogía Terapéutica, 77 de Educación Física, 58 de Música y cuatro plazas de Francés.

La Junta destaca que esta convocatoria del cuerpo de maestros va a reducir la tasa de interinidad del 16,7 por ciento actual al 6,9 por ciento, lo que va a permitir la estabilidad de las plantillas y la mejora de la calidad de la educación.

Convenio

Por otra parte, ha sido autorizada la firma de convenios con CCOO, UGT, la Confederación Empresarial Extremeña (Creex) y la Federación de Municipios y Provincias (Fempex) para la promoción y fomento de la prevención de riesgos laborales en el año 2019, con un montante global de 560.500 euros.

Los sindicatos y la Creex recibirán 150.000 euros de subvención cada una de ellas, mientras que Fempex percibirá 210.500 euros.

Estos convenios tienen como fin dar un impulso a las políticas que favorezcan la mejora de las condiciones de trabajo en Extremadura.

Recuerda la Junta, que tras el compromiso adquirido en la Declaración para la Concertación Social en Extremadura, firmada en 2015, se ha consensuado el vigente VII Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la Prevención de Riesgos Laborales (2016-2019).

Este plan es el instrumento fundamental para conseguir alcanzar una serie objetivos estratégicos en materia de prevención de riesgos laborales en la comunidad autónoma y define el marco general de las políticas públicas de seguridad y salud laboral.