La Administración central y la Junta de Extremadura cerraron ayer el acuerdo por el cual se traspasan a la Comunidad Autónoma las competencias relativas a los profesores de instituciones penitenciarias, así como la ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos.
Con la adopción de este acuerdo, alcanzado ayer en la Comisión Mixta de Transferencias, se puede dar prácticamente por concluido el proceso de transferencias a esta comunidad, a falta de concluir las negociaciones para el traspaso en materia de Justicia, cuya aprobación está prevista para el 2004, según el Ministerio de Administraciones Públicas.
Con el traspaso del profesorado de instituciones penitenciarias se da cumplimiento a las previsiones de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo, integrándose definitivamente este colectivo en los servicios educativos gestionados por la Junta.
El traspaso comprende quince efectivos de personal de las prisiones de Badajoz y Cáceres y un coste efectivo de 370.919 euros, explicó el vicepresidente de Extremadura, Carlos Sánchez Polo.
En cuanto al traspaso de funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos, el vicepresidente extremeño señaló que "eran los últimos flecos que quedaban de la transferencia sanitaria", informa Efe.
