La propuesta de ley de Gobierno Abierto de Extremadura, formulada conjuntamente por los tres grupos políticos y con la que se busca una mayor transparencia en la gestión del Ejecutivo regional y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, continúa su trámite parlamentario después del debate de totalidad en el pleno de la Asamblea de Extremadura.

La regula los mecanismos necesarios para el establecimiento del denominado "gobierno abierto": estructuras y procedimientos simplificados e innovadores que la hagan más cercana y accesible a la ciudadanía.

El diputado de IU-V-SIEx, Víctor Casco, que comenzó su intervención con un recuerdo a la última víctima de los desahucios en España, asegura que la ley será una de las avanzadas del país.

Así, pone como ejemplo, el destierro del silencio administrativo, se reconoce el derecho del ciudadano a recibir la información que recabe al Gobierno regional y la obligación de este a publicar en una web contratos y sueldos públicos, en otra documentación.

Aunque no ha podido acabar con las 50.000 firmas necesarias para presentar una Iniciativa Legislativa Popular, en la ley se "sortea" con la posibilidad de elevar una iniciativa normativa al Ejecutivo y la Asamblea con sólo 2.000 firmas, según Casco.

El diputado del PSOE César Ramos indica que esta ley persigue devolver el poder a los ciudadanos y que éstos vuelvan a confiar en la política.

Ramos corrige a Casco, ya que asegura que es previa a reivindicaciones como las del 15M, porque el "gobierno abierto" fue promovido por el socialista Patxi López en el País Vasco.

También recuerda las iniciativas que en este sentido introdujo el Gobierno de Fernández Vara la legislatura anterior.

Aunque valora el consenso, subraya el papel desempeñado por los dos grupos parlamentarios de izquierda.

El diputado popular Francisco Ramírez indica que el PSOE ha tenido 30 años para traer la ley a la Asamblea y hace hincapié en que ha sido el PP el que ha materializado una histórica reivindicación suya para superar una etapa de "oscurantismo".

Ramírez señala que la ley se basa en la participación, la colaboración y la transparencia, y la ensalzado dentro de un clima ciudadano en el que la corrupción y los políticos son algunos de los problemas más importantes para los ciudadanos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)