Extremadura se sitúa a la cabeza en inversión por habitante destinada a políticas sociales. La región es la primera de las incluidas en el régimen común (regiones como Navarra y País Vasco cuentan con régimen foral propio) que más proporción de su presupuesto autonómico destina a Sanidad, Educación y Servicios sociales, en concreto un 16,4% por encima de la media Española. Según los datos del presupuesto definitivo de 2018, ese año se destinaron en la región 2.896 euros por habitante a políticas sociales, lo que supone 54,7 euros más que hace una década, cuando se pusieron en marcha la batería de recortes por la crisis, aunque los descensos más acusados se produjeron en los años 2012 y 2013, los peores años también en la región.

La diferencias entre el presupuesto del 2018 y el del 2013, cuando se tocó fondo, es de 489 millones en la región, según los datos del informe publicado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que integra a trabajadores y directivos de centros de toda España.

Extremadura se sitúa a la cabeza en las tres materias, lo que en definitiva supone que es una de las regiones que más ha protegido sus políticas sociales en la última década. Y eso que en cuanto a la proporción del presupuesto autonómico que se destina a gasto social hay hasta 19,3 puntos de diferencia entre unas regiones y otras. Extremadura es la cuarta región tras Asturias, Castilla y León y Murcia, al destinar a gasto social el 64,2% de su presupuesto anual, lo que son más de 15 puntos de diferencia respecto a la región que está a la cola en volumen absoluto: Navarra (49%).

no cuesta lo mismo/ La región también lidera el gasto social por habitante. Con el presupuesto del 2018 cerrado, la región destinó a las medidas sociales 2.896 euros por extremeño, lo que la sitúa solo por detrás de País Vasco (3.242) y Navarra (3.151), aunque estas dos comunidades cuentan con un régimen foral propio. Desglosando esa cantidad por las distintas áreas que se tienen en cuenta en el estudio, el mayor mordisco corresponde en la región a la Sanidad (1.495 euros por habitantes en el presupuesto del 2018), seguida por las medidas de Educación (970 euros) y de Servicios Sociales (431 euros).

También es cierto que no en todas las regiones cuesta lo mismo prestar los mismos servicios y es un apunte que se hace en el informe en el que se tiene en cuenta que el gato por habitante es un dato «excesivamente grueso». En el caso de Extremadura, por ejemplo, la dispersión de la población o lo extenso de territorio son algunas de las cuestiones que elevan al alza el coste de la prestación de los servicios.

Extremadura se sitúa además entre las nueve comunidades que han recuperado en términos absolutos el nivel previo a los recortes provocados por la crisis, aunque en el caso de la región el incremento es el más bajo de las que están a la cabeza, con el 0,1% (3,3 millones) y aunque crece respecto al año anterior, no alcanza el techo de 2016. En el lado contrario, regiones como Castilla-La Mancha o Cataluña mantienen en la última década los mayores recortes en estas materias en términos porcentuales: 15,46% y 19,91% respectivamente.

En este sentido, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Lara Garlito, se felicitó ayer durante su comparecencias tras la junta de portavoces de que «la gestión de Vara ha hecho que hoy (por ayer) en Extremadura se haya recuperado el nivel de gasto social de los años anteriores a la crisis».

En todo caso, el informe alerta de que «el estancamiento político y la ausencia de presupuestos ponen en serio peligro el sostenimiento de los servicios públicos».