Las industrias extremeñas afectadas por las disposiciones relativas al cumplimiento del Protocolo de Kioto en España emitieron durante el pasado año --el primero en el que se controlaban los gases de efecto invernadero (GEI)-- casi 90.000 toneladas menos de contaminantes de lo autorizado. En total, el Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones otorgó a las ocho empresas de Extremadura incluidas en el control de gases poco más de 518.000 toneladas de GEI.
Según el informe de cumplimiento de estas asignaciones, estas plantas emitieron en total 429.000 toneladas, es decir, un 17% menos de lo autorizado.
El informe apunta que sólo dos de las industrias afectadas superaron los niveles de contaminación permitidos. Se trata de Siderúrgica Balboa, a la que se autorizó una emisión de 82.600 toneladas y superó este límite en más de 10.000 toneladas, y Cerámica San Cristóbal, que emitió 4.005 toneladas cuando sólo tenía autorización para 2.704 toneladas.
LA CEMENTERA En cuanto al resto, el caso más llamativo es el de Cementos Balboa, a la que se concedieron derechos de emisión para el 2005 de casi 300.000 toneladas, pero que registró poco más de 222.000 emisiones de gases.
Por su parte, Tabicesa generó 9.000 toneladas de GEI menos de las 44.700 autorizadas; Barbosa & Almeida 7.400 menos (sobre 63.100 toneladas permitidas); Arco de Cáparra 1.600 menos, al emitir la mitad de lo autorizado; Eurocerámica Sánchez Palomero ahorró 2.200 de las 14.930 toneladas que tenía derecho a expulsar, y otra industria de cerámica, Nuestra Señora de Belén emitió 4.542 toneladas de GEI cuando tenía derechos para casi 7.900 toneladas.
Respecto a las medidas que se tomarán con las industrias que han superado la asignación, un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente indicó que las empresas que se hayan pasado del cupo tienen la opción de compensar este exceso a lo largo de los años 2006 y 2007 (el PNA vigente abarca el trienio 2005-2007), ya que la asignación se hace para todo el periodo.
Esta compensación sería posible invirtiendo en mejores tecnologías que reduzcan los GEI. Si no, tendrían que ir a los mercados de compraventa de derechos de emisión, donde cada tonelada de derecho a contaminar cuesta alrededor de 30 euros.
De cerrarse el periodo y no haber utilizado ninguna de las dos opciones, las industrias serían sancionadas.
En cuanto a las que han emitido menos de lo concedido, el mismo portavoz señaló que pueden reservarse el excedente de derechos para compensar posibles excesos de emisión este año o el próximo, o bien vender los derechos sobrantes.
De este modo, Siderúrgica Balboa no tendría, en principio, problema alguno por emitir más gases, ya que podría compensarlo con el sobrante de la cementera, vendiendo derechos entre las dos empresas del mismo grupo.
Más problemático es el caso de Cerámica San Cristóbal, que ya ha consumido dos tercios de los derechos asignados para el trienio, con lo que se ve abocada a comprar derechos, con un coste estimado de 70.000 euros, o invertir en mejorar sus sistemas anticontaminación para reducir las emisiones a la mitad.
