Extremadura es la segunda comunidad autónoma donde menos invierte el Estado para atender a las personas con dependencia; el Gobierno solo aporta el 12% de su financiación, frente al 88% que asume la Junta. El dato lo ofreció ayer el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, que tildó esta situación como «muy grave» por el envejecimiento de la población y la dispersión geográfica de la región. El consejero ofreció una rueda de prensa junto a la directora del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Consolación Serrano, para denunciar la cuestión.

Según dijo, las características singulares de Extremadura hacen que el gasto público para atender una persona con dependencia sea en la región de más de 10.000 euros, frente a la media nacional de 8.000 euros. «Por tanto, en aquella comunidad autónoma donde más se necesita, es donde menos invierte el Gobierno de España», dijo Vergeles, que defendió que «aún así», lo datos relativos al 2017 son «razonablemente buenos».

A cierre de ejercicio, 25.582 personas recibían atención en Extremadura, lo que supone 1.147 beneficiarios nuevos que se han incorporado al sistema, un 4,6% más que en 2016 y un 17,7% que en mayo de 2015, cuando el PP dejó el Gobierno regional. Así, el 72,8% de las personas con dependencia reconocida son atendidas en la región, un porcentaje que se sitúa en la media del país. Un 27,2% están en trámite de la resolución correspondiente, lo que supone que ha descendido un 11,2% quienes esperan para ser atendidos. Esto hace, según Vergeles, que Extremadura sea una de las comunidades autónomas con mayor tasa de personas atendidas y ocupa el quinto lugar en el conjunto nacional.

Con respecto a las prestaciones, tres de cada cuatro (75,8%) son para la atención del beneficiario mediante servicios profesionales, mientras que el resto (24,2%) son prestaciones económicas para la atención en el seno de la familia.

Extremadura, de acuerdo con el informe de la Junta, ocupa el sexto lugar entre las comunidades en la dotación de servicios para personas en situación de dependencia, con un crecimiento del 8,7% en el último año. Igualmente, 849 personas más que en 2016 reciben prestaciones económicas vinculadas a la percepción de un servicio, lo que supone un incremento anual del 8,2%, con un impacto directo en la creación de empleo y el tejido empresarial «nada despreciable», según Vergeles.