Extremadura es una de las autonomías donde mayor transcendencia tienen los tributos propios en relación al total de sus ingresos tributarios (que incluyen también los impuestos cedidos --sucesiones y donaciones, patrimonio y ITPAJD-- y las tasas). Según el informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2016 , elaborado por el Registro de Asesores Fiscales REAF-REGAF, órgano especializado en materia fiscal del Consejo General de Economistas, Extremadura es la segunda región de España del régimen común --todas a excepción de Pais Vasco y Navarra-- donde estas figuras suponen una proporción mayor de la recaudación. Representan un 7,1%, muy por encima de la media nacional, que es del 2,4%, y solo la supera Canarias, con un 18,5%. No obstante, recuerda el estudio, las cifras canarias "están distorsionadas" por la clasificación, en atención a su régimen económico especial, como propios tanto del Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo como del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, que en el resto de autonomías del régimen común se circunscriben en el ámbito de los impuestos especiales estatales cedidos parcialmente a las autonomías".

Si lo que se considera es el total de tributos propios recaudados por las autonomías en su conjunto, la región concentra un 6,3%, pese a que solo es origen de un 2,1% de los ingresos tributarios agregados.

El caso contrario es el de Madrid, que únicamente recauda el 0,3% de los tributos propios mientras que percibe el 18,6% de la tributación total autonómica. Los datos empleados en el informe del Consejo de Economistas llegan hasta el 2014 debido, se explica, al retraso con el que están disponibles las liquidaciones presupuestarias de forma detallada.

"Ya que se hacen impuestos, por lo menos que tengan efectos recaudatorios", indica Luis del Amo, secretario técnico del REAF-REGAF. Del Amo resalta que, más allá de los tributos medioambientales, "donde pueden tenerse en cuenta otras consideraciones que sean muy importantes" --como compensar las externalidades negativas que generan determinadas actividades económicas--, "el fin primordial de cualquier tributo es recaudar" algo que, como remarca el estudio, no siempre consiguen las autonomías con sus gravámenes. De hecho, en él se sostiene que "debería ser obligatorio, antes de crear un impuesto, realizar un análisis coste-beneficio", una vez que en "muchos casos los costes derivados de su establecimiento superan a la recaudación".

Las comunidades del régimen comun tienen postestad normativa para establecer sus propios impuestos, que se vienen a sumar así a los regulados por el Estado y a los que puedan cederse a las autonomías. A la hora de comparar la situación en cada región, los expertos avisan de que hay que ver estos datos con cautela "pues en algunas autonomías determinados objetos imponibles se gravan con impuestos propios mientras que en otras esos mismos objetos imponibles se gravan a través de tasas". En cualquier caso, Extremadura aparece claramente en los puestos de cabeza del ranking .

De acuerdo a los datos facilitados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública extremeña, entre 2007 y 2015 --este último año aún con datos provisionales-- Extremadura recaudó 905,9 millones de euros a través de seis tributos propios, si bien no todos ellos han tenido vigencia en el periodo completo. De lejos, el que ha supuesto unos mayores ingresos ha sido el Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente, con más de la mitad del total (590 millones de euros). En este caso, el tributo afecta básicamente a instalaciones relacionadas con los sectores eléctrico y de telecomunicaciones.

El segundo impuesto que aparece con un mayor impacto para las arcas públicas autonómicas es el establecido sobre los depósitos de las entidades de crédito, que ha proporcionado 193 millones de euros, si bien se encuentra actualmente suspendido --que no eliminado--. Esta figura impositiva existía en otras regiones (Asturias, Andalucía, Canarias o Cataluña), pero Extremadura fue la pionera en establecerlo en el 2002. Fue recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que le dio la razón a la Junta. Sin embargo, tras este dictamen, el Estado creó a fines del 2012 un impuesto similar al tipo del cero por ciento --aumentado luego al 0,03%-- con el fin de impedir que se extendiese a todas las regiones de forma heterogénea. Lo pudo hacer gracias a que el Estado tiene capacidad de crear un tributo sobre un mismo hecho impositivo ya gravado por una autonomía al ser suya la potestad tributaria originaria. Eso sí, luego le debe compensar económicamente por ello.

Tal y como se detalla desde la Consejería de Hacienda, hasta la sentencia del Constitucional, "las entidades financieras se avalaban unas a otras", de tal forma que no había ingresos efectivos, salvo pequeños importes de entidades con poca representación en Extremadura. Así, entre 2007 y 2011 las cantidades recibidas oscilaron entre los 352.635 euros y los 684.030. A partir de ese momento, la Junta ejecutó los avales, lo que derivó en que se disparasen los ingresos en el 2012 (152 millones de euros). Tras implantar el Estado su propio gravamen, lo que ha hecho es compensar a la Administración regional por la vía de las transferencias. En el 2013 la recaudación fue de 34,7 millones y en el 2014 de 3,7 millones de euros. La compensación prevista para el 2015, se precisa, aún no está presupuestada.

CANON DE SANEAMIENTO El tercer concepto en importancia cuantitativa en el marco de los tributos propios extremeños es el canon de saneamiento. Creado en el 2012, en el 2013 se recaudaron 17,9 millones de euros (la mitad de lo previsto), por 22,3 y 18,9 millones en los dos siguientes ejercicios. La Junta prevé aplicar a partir del próximo julio una primera rebaja en este canon, a la espera de su supresión total a lo largo de la presente legislatura. El Ejecutivo autonómico estima que ingresará 1,5 millones menos este año.

Por su parte, el Impuesto sobre Aprovechamientos Cinegéticos ha proporcionado en estos siete años más de 43 millones de euros y ha sido, de los seis tributos propios, el que ha tenido una recaudación más estable, siempre entre los 4,3 y los 5,3 millones de euros.

El Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertederos también fue creado en el 2012, y hasta la fecha ha supuesto 8,7 millones de euros. El mapa de los tributos propios en la región se completa con el Impuesto sobre Suelo sin Edificar y Edificaciones Ruinosas, con 11,1 millones en este septenio. Si bien fue suprimido a finales del 2010 ha seguido arrastrando recaudación hasta 2015, en que fueron 674.335 euros.