El portavoz de la Plataforma Refugiados Extremadura, Juan Zúñiga, señaló ayer que la Junta ha dispuesto los medios necesarios para acoger a unas 350 personas asiladas. El principal espacio (y el único que baraja por el momento la Junta de Extremadura) es el centro de refugiados de Mérida, cuya actividad cesó en 2010 por falta de recursos económicos y sería rehabilitado ahora para su puesta en marcha. Así lo afirmó después de que miembros de la plataforma y de otras organizaciones de la sociedad civil se reunieran ayer en la capital autonómica con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y representantes de los diferentes partidos con representación parlamentaria para abordar la situación de los refugiados en la UE.

Zúñiga explicó que la entidad trabaja para "articular un canal de comunicación" con las administraciones públicas con el objetivo de que puedan asumir sus propuestas en favor de los refugiados. Se trata de llevar a cabo "acciones concretas" para que los asilados lleguen al país, entre ellas que se cumpla el acuerdo del Gobierno nacional de septiembre de 2015 de recibir a unas 17.000 personas y un programa de sensibilización para que los españoles conozcan "qué es un refugiado y un emigrado, y por qué se van de su país cuando no se respetan los derechos humanos". El representante añadió que la actitud del Gobierno central en relación a este tema "se encaja de muy mala manera", ya que no cumple su compromiso de acogida y de "dar una oportunidad de futuro" a esas personas.

EN EXTREMADURA En cuanto a la situación en Extremadura, Zúñiga resaltó que la Junta de Extremadura ha dispuesto todos los medios humanos y materiales necesarios para acoger al contingente previsto para la región, unas 350 personas. Llegarían en grupos de unas 35 personas, tal y como avanzó este diario, hasta completar el cupo máximo de que se baraja para Extremadura durante un periodo de dos años. Los primeros meses los pasarían en el centro de refugiados y recibirían asistencia integral (sanitaria, social, legal y terapéutica) y en una fase se instalarían en viviendas en las que poder iniciar una vida normalizada, según detalló la directora general de Infancia y Familia, Carmen Núñez a este diario.

El centro de refugiados es propiedad de la Iglesia Evangélica, que ya ha mostrado su disposición a cederlo, si bien antes es necesario llevar a cabo unas pequeñas tareas de rehabilitación. Junto a este centro, el Gobierno regional tiene una relación de lugares "una actitud muy positiva y muy abierta", aunque el Ejecutivo no los barajaría a no ser que no hubiera suficiente espacio en el centro de refugiados.

No obstante, Zúñiga precisó que desde la plataforma también han pedido al Ejecutivo regional que haya "una iniciativa, junto a otras comunidades autónomas, para que haya una presión política dirigida al Parlamento y al Gobierno central" en favor de este colectivo. "La acogida está ahora totalmente cortada porque solo han llegado 18 personas al país", resaltó. De ellos, ninguno a Extremadura.