Extremadura es una de las regiones que mayor esfuerzo económico destina a la cobertura de servicios sociales, aunque al contrario de lo que cabría esperar, la prestación de este tipo de servicios está entre las más deficitarias del país. Es lo que concluye el informe elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, que a pesar de que califica como "débil" el grado de desarrollo de los servicios sociales, valora que la región está a la cabeza en la inversión por habitante en estos servicios y también que el gasto está muy por encima de la media nacional, así como en relación al Producto Interior Bruto (PIB) de la región.
Extremadura dedicó en el 2014 (el año de referencia en el estudio) 389,15 euros por habitante, cifra que está muy por encima de los 309 que invirtieron por término medio en el resto de España, y solo por detrás del País Vasco --es la región con un sistema social más sólido y destina 611 euros por habitante-- o Navarra --426 euros--.
EXCELENCIA El informe da a la región 2,9 puntos sobre los 3 posibles en este apartado, le otorga la calificación de "Excelencia" y destaca que la inversión en este área supone el 2,52% de su PIB, el más alto de España. En todo caso pone de relieve las carencias del sistema social extremeño, lo sitúa a la cola en el desarrollo del reconocimiento de derechos y la cobertura real de prestaciones y servicios --en el País Vasco, por ejemplo, hay 127,9 plazas de alojamiento para personas sin hogar por cada 100.000 habitantes, mientras que en Extremadura son 11,4 plazas--, y lo ubica dentro de un estado global de ineficiencia de servicios: costes elevados para las coberturas ofrecidas.
Los directores y gerentes de servicios sociales apuntan entre las posibles causas de esos desequilibrios, en el caso de Extremadura, a que el gasto recae principalmente en la Administración regional, que asume más del 84% de la inversión, frente al 15,9% que asume las entidades locales, así como "una inadecuada integración de la atención a la dependencia en el sistema de servicios sociales". Por eso sitúan como principal reto de la región "analizar su sistema de servicios sociales para detectar las circunstancias que limitan su eficiencia y les anima a incrementar la inversión --que a pesar de estar a la cabeza ha bajado en los últimos cuatro años-- al menos hasta recuperar los niveles alcanzados en 2011", concretan. Para eso sería necesario invertir 61,5 millones de euros más al año. Por último, recomienda desarrollar el catálogo que concrete los derechos reconocidos en la ley de servicios sociales aprobada en 2015 y la planificación pública.
El informe, que somete los servicios sociales autonómicos a evaluación por cuarto año, recuerda que en España los servicios sociales son una competencia básicamente autonómica "sometida al abandono de la Administración General del Estado", incluso en los aspectos en los que ha existido alguna regulación estatal, como es el caso de la dependencia. Señala que el Estado solo aporta un 13% de los 15.000 millones que suponen el gasto en servicios sociales, frente al 87% de las comunidades autónomas. El informe recoge también que los recortes y el cumplimiento de los objetivos de déficits han resultado "incompatibles con el mantenimiento de los servicios sociales, en un momento de incremento exponencial de la demanda".
Por último, desvincula la eficiencia en la gestión de los servicios sociales y su desarrollo del esfuerzo económico. Sí califica de "determinante" una descentralización y un destacado protagonismo local.
