La propuesta presentada por la Junta de Extremadura para modificar la normativa europea y nacional sobre la dehesa en la Política Agraria Común se centra en la necesidad de cambiar la definición de pastos permanentes.
Según ha informado hoy el Ejecutivo regional, la propuesta, presentada en la Conferencia Sectorial de Agricultura del lunes, ha sido elaborada con la colaboración de la Universidad de Extremadura, el Centro de Investigación, Ciencia y Tecnología de Extremadura (Cicytex) y otras entidades y asociaciones interesadas en la conservación de la dehesa.
Se centra en la modificación de la definición de pastos permanentes, la incorporación de medidas que hagan más flexible la aplicación regional de los derechos de pago básico y la compatibilidad de las medidas de desarrollo rural y los pagos directos en los sistemas agroforestales.
Asimismo, pone de manifiesto la necesidad de reconocer como prácticas ambientales las acciones de conservación y mantenimiento que deben ejercerse en este ecosistema.
La Junta recuerda que España viene siendo sancionada como consecuencia de las deficiencias detectadas en las misiones de la Comisión desde abril de 2009, efectuadas en el ámbito de las ayudas directas, lo que ha supuesto la imposición de correcciones financieras a tanto alzadas en relación con la admisibilidad de los pastos permanentes con arbolado y/o arbustos
De la propuesta de Extremadura para modificar la normativa que afecta a la dehesa se dará cuenta a la Asamblea de Extremadura y el Parlamento Europeo para que pueda ser considerada en el ámbito de la aprobación del Reglamento Omnibus y para dar a conocer esta problemática en las negociaciones que se abran sobre la PAC más allá del 2020.
La aplicación de las sucesivas reformas de la PAC está poniendo en peligro la continuidad de este ecosistema que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, así como amenazada por otros problemas de índole sanitario y ambiental, destaca el Gobierno extremeño.
La dehesa es un ecosistema agrosilvopastoral de gran valor ecológico que debe ser protegido por la Política Agraria Comunitaria al objeto de preservar sus características medioambientales, que integran de forma inseparable el mantenimiento de la actividad ganadera, con un aprovechamiento forestal y agrario, la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales públicos.
