La Junta de Extremadura ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Consejo de Ministros de dejar en manos de la Denominación de Origen (DO) Cava la decisión sobre la ampliación o no de la superficie de cultivo. La administración regional se había mostrado desde el primer momento en contra de que fuera el consejo regulador de la denominación de origen el que decidiera sobre esa cuestión, que podría perjudicar a los productores extremeños, que no tienen capacidad de decisión ahora mismo dentro de este órgano.

El recurso pone en marcha la reclamación judicial que había anunciado la Junta por la decisión del Gobierno central. Ahora el Supremo deberá recabar el expediente y entonces emplazarán a los letrados de la Junta para que formalicen la demanda.

Hasta ahora, la adopción de restricciones a las plantaciones en denominación de origen, al ser una DO de ámbito supranacional, requerían de un informe preceptivo, pero no vinculante, de las comunidades autónomas; pero era el Gobierno central el que tomaba la decisión, como establece la normativa comunitaria.

Con el cambio introducido y aprobado en el Consejo de Ministros del 20 de septiembre, las comunidades autónomas no informan y es el consejo regulador de la DO quien elabora un informe que es el que seguirá el Ministerio de Agricultura para tomar la decisión. Con ello se otorga la potestad de decidir a la DO, sobre una cuestión que en los últimos años ha enfrentado a los productores catalanes, que controlan el consejo regulador y abogan por no aumentar la superficie de cultivo, y otros productores como extremeños o valencianos, que quieren explotar su potencial de crecimiento. De hecho, el Ministerio de Agricultura ha tenido que adoptar tradicionalmente soluciones intermedias satisfacer a todos.