Extremadura no descarta recurrir a la vía judicial para reclamar al Ministerio de Hacienda el pago de los 86 millones de euros pendientes de la liquidación del IVA del año 2017. La Consejería de Hacienda y Administración Pública ya solicitó el abono por escrito en el año 2019 y la titular del ramo, Pilar Blanco-Morales, presentará una reclamación “formal” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para este viernes. “En función de la respuesta, actuaremos”, ha dicho Blanco-Morales en la mañana de este miércoles en la rueda prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La vicepresidenta extremeña ha abogado por el diálogo y el consenso con las comunidades autónomas para encontrar una solución a este problema que según ha recordado, viene por una decisión “injusta y desleal” del Gobierno de Mariano Rajoy. Como consecuencia de la reforma del IVA en el año 2017, las entregas a las comunidades con cargo a este impuesto se liquidaron por 11 mensualidades en lugar de las 12 correspondientes, lo que en el caso de Extremadura se cifra en un impago de 86 millones de euros que no han sido transferidos. Según Blanco-Morales, esta cantidad “ya se ha gastado porque se contaba con ella” y como consecuencia está generando déficit en las cuentas de la región.
La titular de Hacienda ha señalado que si estas cantidades aún no se han liquidado a las comunidades autónomas es por falta de una ley que lo regule y en ese sentido, ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que no salieron adelante por el voto en contra del PP y los partidos nacionalistas, incluían vías de compensación. Ahora, ha señalado, una solución podría ser incluir esas compensaciones también en los PGE del año 2020, aunque en cualquier caso ha abogado por “el diálogo y el consenso” con las comunidades autónomas para encontrar una salida a esta situación.
“En el CPFF se reclamará por escrito y en función se actuará”, ha reiterado Blanco-Morales al ser preguntada por la decisión que ha tomado Castilla La Mancha (también gobernada por el PSOE) de llevar al Ministerio de Hacienda a los tribunales. En total, el Estado adeuda a las comunidades 2.500 millones de euros por la liquidación del IVA de 2017 y también Galicia o Aragónhan anunciado ya su intención de emprender acciones legales.
Respecto al CPFF del próximo viernes, Blanco-Morales ha avanzado otras peticiones que Extremadura lanzará y que ya lleva defendiendo desde hace tiempo: un objetivo de déficit más flexible y diferenciado en función de las circunstancias de cada autonomía “para cumplir sin recortes” y la necesidad de contar ya con un nuevo sistema de financiación autonómica que otorgue los recursos necesarios para financiar la sanidad.
