La conclusión es que la gestión de los servicios sociales en Extremadura no funciona porque no está suficientemente vertebrado, faltan recursos para sostenerlo y no se han producido avances en el desarrollo normativo que se inició en 2015. Son las apreciaciones que la Asociación de Directoras y Gerentes realizan sobre Extremadura en el informe anual que presentaron ayer con los datos del 2018. Extremadura cae cuatro décimas en este estudio respecto al anterior y suspende con un 4,75 (aunque es la segunda nota más alta de la serie que se inició en 2012), lo que la sitúa entre las regiones con una estructura débil, junto a Cantabria y Galicia, y solo por delante de Andalucía, Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.
¿Qué lleva a Extremadura a esa posición y a tener uno de los servicios sociales más ? Según los autores del estudio, «falta una planificación estratégica» y no existe una correlación entre la importancia económica de los Servicios Sociales en la región y la cobertura. De hecho, el estudio reconoce que «la relevancia económica de los Servicios Sociales en Extremadura sigue siendo muy superior a la media (se destinan 456 euros por habitante frente a los 381 de media estatal), se ha elevado respecto a los años anteriores y es además la región que mayor «esfuerzo» realiza en proporción a su PIB. También valora que en los últimos años se han producido avances positivos en el Sistema de Atención a la Dependencia: está por encima de la media en cuanto a la cobertura (11,9% respecto al 10,07% de media estatal) y también rebaja la tasa media de los que no reciben atención (12,5% frente al 19,2% de media estatal).
datos preocupantes/ El ‘talón de aquiles’, según este estudio (elaborado con datos aportados principalmente por las propias comunidades) radica en la escasa cobertura de la Renta Mínima de Inserción, la baja ratio en la teleasistencia domiciliaria (un 1% frente al 9,29% estatal) y en los servicios domiciliarios para personas mayores; aunque lo que más «preocupa» es el escaso desarrollo de la red de servicios sociales de Atención Primaria, con solo un profesional por cada 3.592 habitantes, una de las ratios más bajas, muy por debajo de los 2.348 habitantes por profesional que hay de media. Junto a eso, el informe apunta a que «no se conocen datos de cobertura de servicios residenciales para personas con discapacidad, ni plazas para mujeres víctimas de violencia de género, «por lo que no se pueden valorar estos servicios».
El informe alerta de que a pesar de los pasos dados, la falta de correlación entre el gasto y la cobertura es un desequilibrio estructural endémico en Extremadura y recomienda a la región mejorar la eficiencia vertebrando el sistema con el apoyo de las entidades locales. Plantea que en la próxima legislatura, la región se fije como «prioridades» desarrollar la Ley de Servicios Sociales aprobando el catálogo que concrete los derechos reconocidos, ampliar las coberturas de sus Rentas Mínimas de Inserción y reforzar los servicios sociales domiciliarios.
El estudio pone también deberes tanto al Gobierno central como a las administraciones locales: en ambos casos, apela a su colaboración para aliviar la «tensión presupuestaria» que supone para los gobiernos autonómicos soportar el el peso del sostenimiento de los servicios sociales.
