El PSOE prevé que la reforma local planteada por el Gobierno central acabe con 10.000 empleos públicos en Extremadura, del los 250.000 que estiman los socialistas en el conjunto de España.
Los secretarios de Política Municipal del PSOE de las provincias de Badajoz, Juan José Maldonado, y Cáceres, Carlos Javier Labrador, además del secretario de Comunicación de los socialistas cacereños, Ernesto Agudiez, se han encargado de explicar los pormenores de la reforma.
Maldonado critica que ni el Gobierno extremeño ni el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Fernando Pizarro, hayan opinado sobre la reforma.
A su juicio, hasta los propios alcaldes del PP se han posicionado en contra.
Maldonado asegura que la provincia pacense será de las más perjudicadas por esta reforma, pues si el 95% de los ayuntamientos españoles son de menos de 20.000 habitantes, en Badajoz sólo hay 6 de los 161 municipios con esa población o más.
El artículo 26.2 recoge que en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, será la diputación la que coordine la prestación de servicios y decida si da la prestación directamente o mediante la implantación de fórmulas compartidas.
Maldonado no entiende la reforma porque el ahorro previsto es de 8.000 millones de euros en seis años y sólo Madrid arrastra una deuda de 7.000 millones.
El PP quiere eliminar los concejales, que en los pequeños pueblos ni cobran por ejercer sus funciones, cuando es en las grandes ciudades donde hay duplicidad de ediles y grandes sueldos, según indica.
El dirigente socialista opina que la reforma local es un "bodrio" con "defectos de forma y fondo" que ataca pilares democráticos.
Para él, la ley "daña" a los ciudadanos, por la importante labor que hacen los ayuntamientos de los pequeños municipios en materia de servicios básicos, que, a su juicio, el PP quiere "privatizar".
El PSOE provincial de Cáceres cifra en algo más de 2.500 los empleos que se perderán en su zona con el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local si no se modifica.
Los dirigentes socialistas cacereños también han considerado que su provincia será una de las más perjudicadas al contar todos sus municipios, salvo Cáceres y Plasencia, con menos de 20.000 habitantes.
Según Labrador, la reforma local "abre una puerta peligrosa a la privatización y al desmantelamiento de los servicios públicos y su aprobación supondrá un retroceso democrático sin precedentes".
En cambio, sí comparten la necesidad de regular la homologación de los salarios de los cargos públicos, la imposición de topes salariales y del número de cargos públicos y personal de confianza con dedicación.
Por contra, no están de acuerdo con que cargos públicos de municipios de menos de 1.500 habitantes no puedan tener dedicación porque hay muchos alcaldes están las 24 horas pendientes de los vecinos, según Labrador.
Agudiez anuncia que se están planteando pedir a los ayuntamientos gobernados por el PSOE su salida de la Fempex y de la Femp, ya que no pueden permitir que se pretenda "culpabilizar" del despilfarro a la administración local, cuya deuda representa sólo el 4% del total estatal.
La portavoz del PP de Extremadura, Francisca Rosa, responde que la reforma no busca privatizar los servicios municipales y supone una apuesta "valiente" del Gobierno a una demanda de los ciudadanos.
