El reto demográfico está en el mundo rural, pero la situación «no es tan catastrófica como se nos quiere hacer creer». La idea la corrobora el Consejo Económico y Social de Extremadura (CES), que ayer presentó en la Asamblea el informe Reto demográfico y equilibrio territorial en Extremadura. Se trata de un estudio elaborado por primera vez en la región a petición de la Junta para comprender la magnitud del problema de la despoblación, que se configura como uno de los principales desafíos del siglo XXI para España. El propio presidente, Guillermo Fernández Vara, asistió a la presentación del estudio en un acto que contó también con la presencia de la presidenta del CES, Mercedes Vaquera, y numerosas autoridades y representantes del mundo político, municipal, universitario o sindical de la región.
Según las previsiones del CES, más optimistas que las del Instituto Nacional de Estadística, la región perderá entre 30.000 y 40.000 habitantes hasta el año 2030 (el INE habla de 70.000). Esto es entre un 2,8% y un 3,8% de su población actual, 1.070.586 personas. Las causas hay que buscarlas, más que en un «imaginario éxodo», en un «deterioro estructural» con factores muy difíciles de combatir como el envejecimiento de la población en las zonas rurales o la caída continuada de la natalidad, que el CES asocia al profundo cambio económico y cultural experimentado por nuestra sociedad en los últimos años, la incorporación de la mujer al mundo laboral o el enfoque «marcadamente hedonista» de nuestra cultura.
El informe habla de que hay «una nítida correlación» entre el tamaño de los municipios y las pérdidas y estabilización de su población, siendo los más vulnerables los de menos de 1.000 y 5.000 habitantes. Los primeros habían perdido hasta 2015 las dos terceras partes de su población y a lo largo de los próximos años su tendencia seguirá siendo negativa, pudiendo perder entre el 3,8% y el 6,3%. En los segundos la situación puede ser todavía peor, pues pueden acumular pérdidas de población de entre el 6,3% y el 7,8%.
Por contra, los municipios de más de 10.000 habitantes tienden a estabilizar el crecimiento demográfico y aunque en los próximos 15 años también registrarán pérdidas de población, que se estiman entre el 0,1% y el 1,3%, en este caso sí podrían corregirse si se intensifican los movimientos migratorios.
En este escenario, Ricardo Saraya, consejero del CES en representación de UGT, defendió en la ponencia del informe que el problema de la despoblación en Extremadura «no es tan grande como se nos quiere hacer creer» y lamentó ese «estado de desánimo» que habla de que Extremadura se vacía cuando los datos dicen que no es verdad. «Tenemos una población muy estable que se mantiene en la práctica totalidad de los pueblos. Las localidades con ayuntamiento siguen todas vivas y eso no lo pueden decir otras comunidades del interior de España», defendió el experto.
19 NÚCLEOS / Así, Salaya explicó que el problema de Extremadura es que sufre un «exagerado» proceso de concentración interna en 19 «núcleos de características urbanas» que cuestionan la viabilidad del territorio ajeno a ellos, donde reside el 5% de los habitantes de la región. Estos núcleos proveedores de servicios (son Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Villanueva de la Serena, Almendralejo, Navalmoral de la Mata, Coria, Miajadas, Montijo, Moraleja, Trujillo, Valencia de Alcántara, Villafranca de los Barros, Azuaga, Jaraíz de la Vera, Jerez de los Caballeros y Zafra) aconcentran al 95% de la población extremeña en un radio de 30 minutos. Por encima de ese tiempo para acceder a lo servicios básicos, «ahora que las distancias han dejado de medirse en kilómetros y se miden en tiempo», el CES considera que un territorio es «inviable».
De ahí que los expertos aboguen por el desarrollo de una red de transportes «de alta capacidad» (lo que incluye el tren), buenas comunicaciones y abastecimientos adecuados. Para mantener los habitantes en esas comarcas en riesgo de despoblación, el estudio también defiende la reactivación de las cabeceras comarcales mediante el desarrollo de la industria transformadora y el sector terciario a todos sus niveles. Para conseguirlo, aboga (aunque sin concretar) por aplicar «incentivos fiscales particularizados» para los territorios donde el problema se manifiesta con más intensidad y medidas de estímulo y apoyo a la economía.
