Extremadura pide que la directiva europea del tabaco concilie protección de salud y empleo

Este es el principal objetivo del dictamen sobre la normativa comunitaria que el presidente extremeño presentará en julio en el Comité de las Regiones de la UE (CdR).

El documento, que señalará la posición de las regiones europeas sobre la nueva directiva, pretende "conciliar los intereses de muchos cientos de miles de europeos que viven directa o indirectamente de este cultivo y, por otro lado, el derecho a la salud", explica Monago antes de participar en una reunión preparatoria del dictamen.

El presidente extremeño destaca la necesidad de "analizar exhaustivamente los impactos de una directiva excesivamente restrictiva" en diferentes aspectos y, en particular, sobre el papel de los cultivos tabaqueros "para vertebrar el territorio" de la UE.

Estos cultivos "se hacen en zonas de la UE que tienen la consideración de desfavorecidas, con lo cual tiene una repercusión en el empleo muy importante".

Monago también menciona los factores de marca y propiedad intelectual, ya que la directiva "camina hacia la restricción de componentes o etiquetados".

Entre otras novedades, la nueva directiva propuesta por Bruselas amplía el tamaño de las advertencias sanitarias en las cajetillas y prohíbe el uso de aromas como el mentol y otros aditivos que mejoran el sabor de los cigarrillos, medidas que podrían mermar las ventas, según el sector tabaquero europeo.

A juicio del presidente extremeño, estas modificaciones podrían provocar que el tabaco "se convierta al final en un consumo genérico" y "que el criterio a la hora de comprarlo sea de precios, cuando en muchas zonas se produce tabaco de calidad".

A su vez, los cambios "podrían suponer la pérdida de muchos miles de empleos, y que el tabaco se traiga de terceros países externos a la UE", dijo Monago, quien advirtió de otros posibles efectos "contraproducentes" de la directiva como un aumento del contrabando.

Extremadura sería la comunidad autónoma española más afectada por una eventual bajada de la producción tabaquera, ya que acapara el 92,5 % del cultivo total en España.

Su impacto se concentraría en la provincia de Cáceres, donde unas 20.000 familias dependen de forma directa o indirecta de estos cultivos.

Según datos de la Mesa del Tabaco, que agrupa a los principales productores españoles del sector, la directiva del tabaco pone en peligro 56.000 empleos en este país, así como la aportación anual de 9.800 millones de euros que el sector hace a las arcas públicas en forma de impuestos.