La Asamblea de Extremadura ha instado por unanimidad al Gobierno de España a que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ostente las competencias sobre las decisiones relativas a las limitaciones de nuevas plantaciones de viñedo para cava y a garantizar la participación de la región en el trámite de informe.
La propuesta de pronunciamiento formulada por el PP, defendida por la diputada Mercedes Morán, ha contado con el apoyo del PSOE Ciudadanos y Unidas por Extremadura.
Los populares han reclamado en concreto que se modifique urgentemente el apartado 4 del artículo 7 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, y que se vuelva a la redacción anterior dada por el Real Decreto 536/2019, de 20 de septiembre.
El apartado 4 establece que el Ministerio "aceptará las recomendaciones presentadas por los consejos reguladores de las DOP supraautonómicas que cumplan con lo exigido en el anexo I.B.1 y resolverá respecto del resto".
Así, a juicio del PP, el Gobierno de Pedro Sánchez concede el "control exclusivo" de la decisión sobre el número de hectáreas para nuevas plantaciones a la Denominación de Origen Protegida (DOP) del cava, ya que se suprime el trámite de informe de las comunidades autónomas y se "cede definitivamente" a una reivindicación histórica de esta entidad de decidir sobre la limitación de la superficie.
Con esa decisión, ha subrayado el PP, en la práctica se deja en manos de un organismo "controlado por los productores y elaboradores catalanes" el progreso de un sector tan importante para Extremadura, que produce seis millones de botellas, de máxima calidad y que está ganando cuota de mercado frente al cava procedente de Cataluña.
Por ello, Morán ha subrayado en su intervención que el consejo rector de la DOP "por fin" ha conseguido su objetivo.
Además, con la "vulneración" de la Ley de Transparencia que se ha producido con el último real decreto, no hay ni tramite de audiencia, ni de alegaciones, "ni posibilidad de defensa alguna", según la diputada popular, por lo que se conocerá "a toro pasado" la decisión tomada.
A su juicio, detrás del cambio normativo están los intereses "electoralistas" de Pedro Sánchez y sus "guiños" a Cataluña.
Las consecuencias son "previsibles", según la propuesta del PP, puesto que la DOP del cava se ha opuesto sistemáticamente en años anteriores a las aspiraciones de los productores extremeños, al defender las restricciones para nuevas plantaciones.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y el diputado socialista Eduardo Béjar han coincidido en criticado el "electoralismo" del PP al presentar esta iniciativa y no aceptar una declaración conjunta de toda la Cámara.
De Miguel ha considerado que la DOP, dominada por los catalanes, se convierte ahora en "juez y parte", y ha advertido de que la principal perjudicada es Extremadura, debido a su potencial de crecimiento.
Fernando Baselga, de Ciudadanos, ha considerado que Extremadura es una vez más la "gran olvidada" y ha planteado hasta cuándo se va a seguir pagando el "peaje" a Cataluña por los intereses de Pedro Sánchez
El parlamentario ha dudado de que la Junta no tuviera conocimiento de "tamaña ignominia".
Béjar ha asegurado que "gobierne quien gobierne" volverán a luchar por los viticultores del cava extremeño, como ha hecho en otras ocasiones y como se hará ahora al recurrir a los tribunales, y ha abogado por la unidad política para dar un ejemplo al sector.
