El Gobierno de Extremadura registra en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente las enmiendas al Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental en las que solicita que esta norma reduzca de forma significativa tanto los plazos como los trámites previstos para la puesta en marcha de una actividad empresarial.

El consejero extremeño José Antonio Echávarri ya avanzó en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, celebrada el pasado lunes en Madrid, que Extremadura considera que este anteproyecto necesita introducir cambios sustanciales que permitan reducir las cargas administrativas.

De este modo, la consejería pide que se establezcan plazos determinados para cada uno de los procedimientos; que se aumente la reducción de los plazos establecidos; que se establezcan umbrales para aquellas actividades sometidas a evaluación ambiental en las que no se ha establecido dicho umbral; y que se eliminen trámites que se consideran innecesarios para determinadas actividades.

En la práctica, las propuestas de la comunidad supondrían, entre otras cosas, reducir de 45 a 30 días el plazo de consulta a la Administraciones Públicas afectadas y la creación de un procedimiento simplificado de evaluación ambiental que podría completarse en 3 meses.

Asimismo, la comunidad extremeña presenta una propuesta para que se modifique el listado de las actividades que se deben someter a cada una de las figuras de evaluación ambiental adaptándolo a las necesidades y circunstancias reales.