El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, anuncia que el Gobierno extremeño pedirá al Gobierno central una prórroga del actual modelo de financiación autonómica debido a la escasez de recursos en las arcas públicas. Pese a estar en contra porque con el actual sistema Extremadura es una de las regiones más perjudicadas en el reparto de fondos estatales, el consejero explica que la región "se sacrifica una vez más para no iniciar una lucha entre comunidades autónomas en tiempo de escasez de recursos económicos".
Tra el Consejo de Gobierno, Fernández recuerda que el Ejecutivo extremeño es partidario de cambiar el modelo, en el que prima sobre todo el número de habitantes, para aumentar el peso de otros criterios como el envejecimiento de la población o la dispersión geográfica, pero cree que el actual no es el mejor momento para abordar estas cuestiones y así lo expresará en la reunión prevista para mañana entre el Gobierno central y los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP. "Si un pueblo podría exigir es sin duda el pueblo extremeño, porque Extremadura es hoy la región con la deuda más controlada y el menor déficit. Estamos en contra del actual modelo de financiación y nos perjudica, pero pedimos que se prorrogue porque un cambio en las circunstancias actuales puede generar muchas desigualdades. Hoy todos hacemos sacrificios y la prudencia nos obliga a mantener las bases", apunta Fernández, que no obstante reitera la petición de la Junta al Gobierno de dar un trato preferente a las comunidades cumplidoras.
Ecotasa
Por otra parte, Fernández también informa de que el Consejo de Gobierno ha ordenado a los servicios jurídicos de la Junta iniciar el procedimiento para interponer el recurso de incostitucionalidad contra el decreto estatal que modifica la ecotasa, por entender que vulnera las competencias autonómicas que recoge el Estatuto y que perjudica a los consumidores extremeños.
El consejero explica que, tras las sucesivas reuniones mantenidas en los últimos meses para tratar de alcanzar un acuerdo, el entendimiento entre ambos Ejecutivos no ha sido posible por la reticencia del Gobierno central a aceptar las sugerencias de la Junta, que finalmente opta por interponer el recurso, en concreto contra el Artículo 38 y la Disposición Adicional 15ª del texto.
Según el consejero, la modificación introducida por el Gobierno en junio de 2012 obliga al Gobierno extremeño a repercutir a los consumidores el impuesto que actualmente pagan las compañías eléctricas por producir energía en la región, lo que vulnera el espíritu con el que fue concebida la tasa extremeña. Su eliminación tampoco se contempla porque supondría reducir los presupuestos generales de la región en 93 millones de euros anuales.
Fernández explica que los cambios introducidos el año pasado aún no se están aplicando porque el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que es quien tiene la competencia para decidir qué impuestos autonómicos a los que afecta el Real Decreto 20/2012 se deben cargar a los consumidores, aún no se ha pronunciado al respecto.
