Otra ley autonómica más que se pone en cuestión. La UE ha propuesto multar a las comunidades que obliguen a las gasolineras a tener empleados. Desde Bruselas se plantea una sanción económica de 600.000 euros diarios a las regiones que, como es el caso de Extremadura, tienen recogida esta normativa.

El pasado 18 de agosto entró en vigor la modificación de la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores, que establece que ahora todas las estaciones de servicio de la comunidad han de tener al menos un empleado en el tramo comprendido entre las 7.00 y las 22.00 horas. En este caso, la multa por incumplimiento, que es de carácter grave, puede llegar hasta los 15.000 euros.

El argumento para poner en marcha esta medida lo resumió así el portavoz socialista Valentín García: «Queremos proteger y prevenir riesgos a los usuarios por el mal uso del servicio, así como poder atender a personas con alguna discapacidad que no puedan hacer uso del autoabastecimiento». A lo que se añadió la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo.

‘LOW COST’ / En la región hay actualmente 488 gasolineras. De éstas, 95 no disponen de trabajadores que atiendan a los clientes. En su mayoría son el modelo llamado low cost, de bajo precio, cuya infraestructura e inversión está pensada solo y exclusivamente para el autoabastecimiento.

Cuando se abrió el debate en la comunidad sobre la prohibición, desde la Asociación Extremeña de Gasolineras Libres anunciaron que se presentarían recursos a nivel autonómico y nacional. «Si nos obligan a poner trabajadores, ya no sería rentable», subrayaba su portavoz, José Laín. Y argumentaba que, efectivamente, la ley nacional sí permite que haya gasolineras sin empleados (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC dio su apoyo a este tipo de estaciones de servicio).

Por el contrario, desde la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex), su presidente, Fernando Mena, aplaudió la medida: «Es luchar contra lo que se considera competencia desleal».

Ahora es FACUA-Consumiores la que se ha unido al Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) para rechazar esta multa de 600.000 euros de la UE. «Si la estación de servicio no tiene personal se vulnera la protección de las personas con algún grado de discapacidad física», afirman.

Tras conocerse la noticia, desde la Comisión Europea han querido matizar que «aún no hay una decisión tomada» y que se trata de «rumores».

Pero lo cierto es que comunidades como Valencia, Castilla y León y Asturias ya han dado marcha atrás en sus normativas regionales para eliminar la obligación de gasolineras con empleados.