Extremadura recibirá 6,7 millones de euros, procedentes de los fondos del 0,7% del IRPF, para programas de interés general destinados al Tercer Sector de Acción Social, lo que permitirá al Gobierno regional sacar de forma inmediata la convocatoria de subvenciones para estas entidades.
Además de esta partida económica, cuyo importe es similar al del pasado año, Extremadura recibirá un incremento de entre 150.000 y 180.00 euros a los actuales 2,4 millones de euros para el plan de pobreza infantil.
Estas dos líneas económicas han quedado establecidas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Dependencia que, celebrado en Madrid, ha reunido a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, con representantes de las comunidades autónomas.
En este encuentro se ha alcanzado un acuerdo con las autonomías para avanzar en un nuevo modelo más "justo" de reparto de los fondos recaudados a través de la casilla del 0,7 % del IRPF, basado en criterios como la tasa de pobreza Arope.
En concreto, se ha abordado el reparto de casi 252 millones de euros recaudados a través de esa casilla, 11,2 millones más que en el ejercicio anterior; de ellos se ha establecido un tramo estatal del 19,56 % (49,2 millones de euros) y un tramo autonómico del 80,44 % (202,68 millones).
El Gobierno ha trasladado a las comunidades autónomas una propuesta para repartir "con criterios objetivos, más justos y de manera más transparente" ese presupuesto, manteniendo los criterios aprobados el pasado año para una cantidad igual a lo recaudado en 2016 e introduciendo los cambios en los 11 millones más obtenidos este año por ese concepto.
La ministra ha defendido un "nuevo tiempo de cambio dialogado" y de soluciones compartidas, ha agradecido el "buen tono" de los consejeros y ha puntualizado que se introducirán en ese nuevo modelo los criterios que consensúen las comunidades.
"Hemos consolidado e incluso mejorado el reparto del año pasado", ponderando siete criterios objetivos: población, índice Arope (riesgo de pobreza), superficie, población dependiente, dispersión, grandes urbes e insularidad.
Objetivos cumplidos
Tras finalizar el encuentro, el consejero extremeño José María Vergeles ha afirmado que los objetivos que Extremadura llevaba a este Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia están cumplidos.
Vergeles ha calificado de una "buena noticia" la decisión del ministerio de incrementar en 5,2 millones de euros el fondo contra la pobreza infantil, actualmente dotado con 60 millones de euros.
Eso supondrá un incremento de entre 150.000 o 180.00 euros para Extremadura a los actuales 2,4 millones de euros que recibe del plan de pobreza infantil, según ha explicado.
Este incremento en la dotación del plan de pobreza infantil, que llegaría a Extremadura entre finales de julio o principios de agosto, "dará más capacidad a los ayuntamientos, no solo para poner en marcha los comedores escolares durante las vacaciones de Navidad destinados a menores con pobreza material severa, sino que también permitirá contar con actividades de ocio y cultura, al mismo tiempo que nuestros municipios podrán convocar becas de material escolar".
El consejero también ha avanzado el compromiso de la ministra Montón de revisar y actualizar el Plan Concertado de Servicios Sociales que el gobierno anterior recortó en un 68 por ciento durante la crisis.
Este plan contempla la distribución territorial del crédito destinado al desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales y, según Vergeles, hay un compromiso para recoger en los presupuestos de 2019 un incremento que aun está por cuantificar.
"Esto es muy importante porque son los Servicios de Atención Social Básica, los que ayudan a las personas que están en una situación de vulnerabilidad muy grande", ha declarado Vergeles a los medios de comunicación al término del consejo.
Además, en el turno de ruegos y preguntas, Vergeles ha solicitado un monográfico sobre la dependencia, "una buena ley que está estrangulada normativa y económicamente", y ha pedido la derogación del Real Decreto 20/2012, culpable de esa situación.
Asimismo, ha solicitado la derogación del bono social, "que es inaplicable, puesto que las eléctricas pretenden que los trabajadores sociales de la Administración trabajen para ellos, lo que es imposible", así como una corresponsabilidad gubernamental en materia de Justicia, Interior o Inmigración para solventar las dificultades en la atención a los menores inmigrantes no acompañados.
