La LXXIV conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales acordó ayer la distribución de casi 2.020 millones de euros entre las autonomías para políticas activas de empleo, 88,3 de ellos destinados a Extremadura. Según informó el Ministerio de Trabajo, esta cantidad se completará con 297 millones adicionales que se acordarán en la Conferencia que se celebrará en abril, con lo que los fondos totales ascenderán a 2.317 millones.

Esta cantidad total es 191 millones superior a la de 2018, aunque inferior a la inicialmente prevista en el proyecto presupuestario de 2019 (2.473 millones), que no ha podido alcanzarse ante el rechazo de las cuentas.

Las comunidades autónomas tendrán tres años para aplicar los criterios de distribución de los fondos, lo que les permitirá celebrar convocatorias plurianuales que darán «utilidad» a la ejecución de las políticas activas de empleo. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, presidió la conferencia, donde se presentaron los resultados provisionales de la evaluación del plan anual de políticas de empleo de 2018, que arrojan una mejora del cumplimiento.

También se definieron los indicadores, así como su confección y cálculo, del plan de 2019, que tiene como objetivos reducir el desempleo, aumentar la activación, mejorar la participación de los servicios públicos en la cobertura de vacantes o mejorar la satisfacción de los empleadores.

La ministra anunció que se elevará del 50% al 55% del salario mínimo interprofesional la financiación de las subvenciones por mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, lo que supondrá 20 millones adicionales que se distribuirán en octubre a las comunidades.

A la conferencia asistió la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, y el director gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), Juan Pedro León. Gutiérrez agradeció que se haya hecho esta distribución de fondos ahora —en lugar de junio, septiembre u octubre como ocurría antes— porque esto va a permitir a las comunidades tener «casi el cien por cien de los fondos en los cuatro primeros meses del año», como pedían las regiones.