Extremadura fue la comunidad autónoma menos competitiva en 2018 aunque también una de las que más mejoró su índice en relación al año anterior, junto a Castilla-La Mancha, según el Informe de Competitividad Regional editado por el Consejo General de Economistas. Madrid, Navarra y País Vasco fueron, en este orden, las regiones más competitivas en 2018. La región presenta un índice del 5,8, frente al 14,4 de Madrid.

El director técnico del informe, José Carlos Sánchez de la Vega, explicó ayer que Navarra ha pasado del tercer al segundo puesto como la región más competitiva, un cambio que se da no solo por la mejora del índice de la comunidad foral sino también por el estancamiento del País Vasco, que desciende a la tercera posición, repitiendo Madrid como primera, informa Efe.

Según Sánchez de la Vega, el estancamiento en la competitividad vasca se explica en parte porque las comunidades «con economías más avanzadas llegan a cierto agotamiento con un ritmo de crecimiento menos intenso», con un potencial que va «mermando». Ello también se muestra en las comunidades que presentan indicadores de competitividad más bajos y que, a la vez, son las que más crecen «porque son las que tienen más para ganar», como Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias y Baleares, todas ellas en el grupo de las cinco con más bajo índice.

Cataluña repite como la cuarta economía más competitiva, al igual que en el informe del año pasado, aunque, como el País Vasco, «evidencia estancamiento2 en buena parte por el clima de crisis institucional, que según Sánchez de la Vega «hace mella en la competitividad». En ese sentido, el economista ha asegurado que España exhibe un «triángulo de la competitividad», con los vértices en Madrid, País Vasco y Cataluña, pero este triángulo tiende a centrarse más en Madrid, cuyo indicador se dispara con respecto al del año pasado y se distancia aún más del resto.

El coordinador del informe, Patricio Rosas, ha señalado que la competitividad estructural en promedio de las 17 comunidades ha aumentado un 5,2% en 2018 con respecto al año anterior, situándose «por encima del incremento medio de los últimos diez años». Además, ha recordado que los indicadores empleados “no reflejan el posible impacto» del conflicto catalán.