La inspección laboral y el Plan Director por un Trabajo Digno, aprobado por el Gobierno central el julio, han regularizado en Extremadura 1.700 empleos en fraude de ley, 1.300 transformados en indefinidos y 400 referidos a contratos temporales "que no estaban bien".
Estos datos provisionales, a fecha de 31 de octubre, han sido analizados este jueves en la Comisión Operativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se ha celebrado en Mérida con participación Juan Grangel, director de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraudes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Según ha explicado la directora general de Trabajo, Sandra Pacheco, en esta comisión se ha abordado también el plan de actuaciones previstas para 2019, que se incrementan en términos generales un dos 2 por ciento de media, pasando de las 14.906 realizadas en 2018 a las casi 15.300 para este año.
Para 2019 las inspecciones se dividen en cuatro bloques, que son prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, seguridad social y economía irregular, dos que son competencias autonómicas y otras dos estatales.
En Extremadura, este año se incrementan un 12 por ciento las inspecciones en materia de seguridad y salud y un 7 por ciento en relaciones laborales.
Sandra Pacheco ha precisado que cada año se intenta mejorar el número de las del año anterior y en 2019 se cuenta como novedad un aumento de la plantilla de subinspectores en Seguridad y Salud (de nueva creación), con cinco nuevos profesionales, que se espera puedan incorporarse en el mes de abril.
Estos cinco profesionales, sumados a otros dos subinspectores previstos (uno en cada provincia) hace que se pueda terminar 2019 con 24 inspectores y 29 subinspectores.
Por su parte, Juan Granjel Vicente ha explicado que la segunda fase del plan director se extendía hasta el 31 de diciembre, motivo por el que ahora se están ultimando los datos, que la ministra presentará en próximos consejo de ministros.
En relación a otras comunidades autónomas, ha indicado que en Extremadura la regularización de los contratos está ligeramente por encima de la media nacional, sobre todo en la voluntaria, aunque ha precisado que no significa que haya más fraude, sino que se ha sido más eficaz en la detección del mismo.
Por sectores, ha indicado que el fraude no se "focaliza" en ningún sector, aunque hay algunos, como la construcción, sobre el que existe más preocupación por parte del Gobierno desde el punto de vista de seguridad laboral, o servicios, donde se da más el fraude en la contratación a tiempo parcial.
En cuanto a la repercusión económica de estas actuaciones, Juan Grangel ha explicado que aunque es difícil cuantificar, los expedientes liquidatorios en 2018 en Extremadura fueron por importe de 20 millones de euros.
