La comunidad extremeña es, junto con las de Madrid, Cantabria y Baleares, una de las cuatro que aún no han puesto en funcionamiento la figura del Defensor del Pueblo, recogida en la Constitución española, que acaba de cumplir treinta años de vigencia. Aunque el Estado tiene un Defensor del Pueblo que actúa en todas las autonomías, la mayor parte de las regiones ya han creado un órgano de índole autonómico que atiende en exclusiva las quejas de sus ciudadanos.
En el caso particular de Extremadura, esta comunidad ya está dando los primeros pasos para poner al servicio de sus ciudadanos esta institución, cuya creación viene recogida en el texto que reformará al Estatuto de Autonomía, que tiene previsto aprobarse a lo largo del próximo año 2009.
Sin embargo, a Cantabria no le corre prisa contar con esta figura, ya que a pesar de que han transcurrido diez años desde que se introdujera en la reforma de su estatuto de autonomía, el gobierno cántabro no tiene previsto, por el momento, impulsar su creación, según informa Efe. Tampoco el ejecutivo de Esperanza Aguirre ha mostrado intenciones de crear esta figura, aunque la oposición socialista prepara una propuesta para instaurarla.
Donde se tiene previsto hacerlo es en Baleares, aunque en este caso bajo la denominación de Síndico de Agravios, recogido en el estatuto de 1993, aunque la falta de consenso entre los grupos políticos ha impedido su puesta en marcha en las sucesivas legislaturas.
EL DECANO, EL ANDALUZ La primera comunidad que puso en funcionamiento a su Defensor del Pueblo fue Andalucía, que acaba de cumplir 25 años de vida, en los que ha recibido más de 100.000 consultas, tramitado 90.000 quejas, y remitido 45 informes especiales a la cámara autonómica. Menos antiguo, aunque con un origen que data de los siglos XII y XIII como mediador entre las pugnas entre el rey y los nobles, se encuentra el defensor del pueblo aragonés, la tercera institución de la comunidad, que recibe el nombre de Justicia de Aragón.
De 1988 data el Ararteko, el defensor vasco, que tiene un presupuesto para el año próximo de 4,7 millones de euros, y que tramita anualmente algo más de 4.000 consultas y quejas, la mitad de ellas contra las administraciones locales. En Cataluña tienen el Sindic de Greuges desde 1984, fecha en la que comenzó a andar a pesar de que ya fue incluido en el Estatut de 1979. Esta es la misma denominación del defensor de la Comunidad Valenciana, cuyas quejas están relacionadas sobre todo con materias de urbanismo.
