En Extremadura se precisan 83 días de trabajo por habitante para pagar la deuda autonómica, una cifra que se eleva a los 484 días si se hace referencia a la deuda total de las administraciones públicas.

Para determinar la carga que para los ciudadanos supone el endeudamiento público del conjunto de las administraciones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calculado cuántos días de trabajo se necesitan en cada comunidad para saldar esa deuda, un esfuerzo que varía según en la autonomía en la que se resida.

Si solo se considera la deuda propia de cada comunidad, el mayor esfuerzo recae en la Comunidad Valenciana (154 días) y el menor, en la Comunidad de Madrid y País Vasco (53 días ambas).

Junto con la Comunidad Valenciana, hay otras cuatro comunidades cuyos habitantes tendrían que dedicar más de 100 días de trabajo al pago de la deuda autonómica: Cataluña (131 días), Castilla-La Mancha (132), Baleares (112) y Murcia (106).

Les seguirían Extremadura y Cantabria (83 días), Andalucía (81 días) y Aragón (80).

Si el prisma se abre a la deuda conjunta de las administraciones públicas, en Extremadura se precisan 484 días de trabajo por habitante para pagarla, seguida de Castilla-La Mancha (482 días), Comunidad Valenciana (464), Murcia (446) y Cantabria (393).

Las autonomías que más han incrementado los días necesarios para pagar la deuda pública total desde 2007 a 2016 han sido Castilla- La Mancha, con un alza de 330 días; Murcia, con un aumento de 307 días, y Extremadura, con 306.

En sentido contrario, Madrid ha sido la autonomía en la que menos ha aumentado en los últimos 9 años el esfuerzo por habitante para afrontar el pago de la deuda pública total, ya que solo ha sumado 154 días más.

La situación es similar en el País Vasco, que ha añadido 174 días, y en la Comunidad Foral de Navarra, con 190 días más.

La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas no alcanzará el 60 % del PIB hasta el 2036 aunque señala que presenta un perfil sostenible o decreciente, sobre todo, a partir de 2018.

La AIReF presenta un análisis realizado sobre diferentes escenarios de estrés en el que indica que la deuda de la Administración General y los Fondos de la Seguridad Social, así como el conjunto de las comunidades autónomas, alcanzaría el valor de referencia del 44 % y del 13 % del PIB, respectivamente, alrededor del 2036.

Las corporaciones Locales se encuentran en situación ventajosa y podrían llegar al 3 % del PIB ese mismo año 2016.

La AIReF alerta de que la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas no alcanzará el 60 % del PIB hasta 2036, aunque señala que presenta un perfil sostenible o decreciente, sobre todo, a partir de 2018.