Mientras en comunidades autónomas como Castilla y León, Madrid o el País Vasco no pagan nada o casi nada, los extremeños son los ciudadanos españoles que, en líneas generales, tienen que realizar mayor desembolso ante Hacienda a la hora de recibir una herencia. Así lo refleja un estudio sobre el impuestos de sucesiones y donaciones realizado por el despacho de abogados Hispajuris.

Este impuesto se paga en función del valor de la herencia, y va desde los 611,5 euros en caso de herencias de menos de 8.000 euros (un 7,6%), hasta el 34% del valor del bien para herencias de más de 800.000 euros. El tributo está cedido a las comunidades autónomas, que pueden introducir bonificaciones y exenciones sobre la cuota.

Según el informe, en España ya hay 17 millones de ciudadanos que no pagan nada por este tipo de operaciones. La mayoría de ellos son habitantes de comunidades autónomas gobernadas por el PP, que en los últimos años ha reducido a la mínima expresión este tributo. No obstante también se han adoptado medidas de este tipo en regiones dirigidas por formaciones políticas de otro signo, como los nacionalistas (PNV) en el País Vasco o Coalición Canaria en Canarias.

En Extremadura, aunque su modificación aparece en el programa electoral del PSOE, de momento hay que pasar por el fisco para obtener la herencia. En este sentido, por ejemplo, ante una herencia de 300.000 euros causada por un viudo en beneficio de un hijo mayor de 21 años, en la región tiene que pagar en concepto de impuestos 53.700 euros. Sin embargo, en Castilla y León sale por tan sólo 400 euros, mientras que en el País Vasco la operación es totalmente gratis.

Pero ese no es el único supuesto analizado por Hispajuris. En el caso de las donaciones, si un hijo recibe una vivienda, valorada en 300.000 euros y que constituya su domicilio habitual, un extremeño debe abonar ante Hacienda 55.466 euros. Esa misma transacción en Madrid se salda con un desembolso de únicamente 530 euros y en La Rioja resulta gratis. El único consuelo es que en otras comunidades la cuantía es todavía mayor, como en Aragón (58.000 euros) y en Cantabria (55.500 euros).

Asimismo, si la donación se trata de una cifra en metálico, por ejemplo 36.060 euros, en Extremadura hay que tributar 3.300 euros. Valencianos, riojanos y vascos no tienen que poner ni un solo euro ante el fisco en este supuesto y a aragoneses (3.314 euros) y gallegos (3.296 euros) les sale más caro.

Tal y como está concebido el impuesto, se paga en la comunidad de la persona que lega los bienes, pues los gobiernos regionales tienen cedida su gestión desde hace seis años, aunque su titularidad sigue correspondiendo al Ejecutivo central, y sólo éste puede abolirlo.

No obstante, la aplicación de reducciones en algunas autonomías ha abierto una competencia fiscal en España que, según los expertos, podría desembocar en una huida de capitales hacia las zonas más favorecidas. Este 2007 ha sido el año elegido por regiones como Madrid para comenzar a aplicar las máximas rebajas posibles.

En Extremadura el PSOE recogía en su programa electoral el compromiso de suprimirlo. Según señalan los socialistas en la región, "la evolución experimentada por la sociedad extremeña hace aconsejable no hacer recaer sobre las capas medias de la sociedad cargas que, en lugar de facilitar una más justa redistribución de la riqueza, podrían llegar a suponer un freno al progreso".