Los asalariados extremeños trabajan en conjunto más de 8.200 horas extra cada semana por las que no reciben ninguna retribución económica. Un tiempo trabajado que tampoco cotiza a la Seguridad Social y que en ocasiones puede llegar a imponer ritmos que menoscaban la salud y la seguridad laboral. Acabar con estos incumplimientos de las jornadas pactadas es el objetivo que se ha planteado el Gobierno con la puesta en marcha, a partir de mañana, de un registro obligatorio de los horarios laborales.
De esta forma, todas las empresas, sean grandes o pequeñas —también autónomos— tendrán que llevar un registro diario del inicio y de la finalización de la jornada de sus empleados para dejar constancia del tiempo efectivamente trabajado por ellos y de que este coincide con el que les corresponde. ¿Cómo lo harán? La normativa no lo especifica. Solo que se establecerá mediante la negociación entre empresa y sindicatos. Y si esto no fuera posible, por decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores. El mecanismo elegido será, en cualquier caso, revisable posteriormente para confirmar que cumple con las finalidades que plantea la normativa.
Cada semana del primer trimestre de este año se realizaron en España 5,7 millones de horas extra, de las que 2,6 millones (un 46,4%) no tuvieron una contrapartida económica, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que no ofrece cifras por comunidades autónomas en esta variable. No obstante, un estudio de noviembre pasado del sindicato CCOO, elaborado a partir de esta misma encuesta del INE, cifraba en 72.685 las horas extra trabajadas semanalmente por los extremeños, de las que 8.205 (11%) son no remuneradas, el equivalente a 205 empleos a jornada completa, según este sindicato. Estas suponen, no obstante, el menor porcentaje sobre el total de horas extra efectuadas que se contabiliza entre todas las autonomías. En algunas como Madrid (56%), País Vasco (56%), Cantabria (53%) o Galicia (51%) son más de la mitad.
Desde el ámbito patronal, Francisco Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) cree que, lejos de paliar estas irregularidades, la medida del Gobierno solo va a servir para cargar administrativamente a las empresas que ya están cumpliendo con las normas y aumentar sus costes. Y que, «como siempre», serán las pequeñas y medianas las que sufran más las consecuencias. Además, resalta las dificultades de aplicar este registro en numerosas actividades donde los horarios son flexibles o que requieren frecuentes desplazamientos de los empleados fuera de los centros de trabajo.
Tampoco pronostica que vaya a servir de mucho este registro Alberto Franco, secretario de Acción Sindical de CCOO Extremadura, pero en su caso arguye el motivo contrario para ello, ya que considera que la normativa se ha quedado corta, al permitir que sean los empleadores los que tengan en sus manos la decisión final de cómo se deja constancia de los horarios «sin control alguno» por parte de los comités de empresa o de los delegados sindicales. Si el empresario continúa teniendo «el poder», sostiene, los abusos «se seguirán produciendo».
¿Quién tendrá acceso a esta información? Aparte de los propios asalariados, la idea es que sea la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por un lado, y los representantes de los trabajadores, por otro. La empresa deberá conservar estos datos durante un plazo de cuatro años.
Inspección de Trabajo también será la encargada de vigilar que se cumplen los nuevos criterios. La norma contempla multas que oscilan, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros; en su grado medio e 1.251 a 3.125 euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros. No obstante, la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha asegurado que la nueva regulación se tiene que cumplir «con seriedad», pero también «sin agobios». La Inspección, ha dicho, actuará «con cabeza, con mesura y con sentido común» y «evidentemente, se dará un margen».
