Si los ciudadanos, que destinan un 20% o incluso un 29% de su salario mensual a financiar el sistema sanitario público, conocen el coste de la asistencia que se les ofrece tal vez la utilizarán con mayor mesura. Esa es la filosofía que subyace a las facturas sombra que se les entregarán a los españoles a partir del próximo verano cuando sean atendidos en un hospital. Esas facturas, que el receptor no tendrá que pagar, llegarán al domicilio del usuario y describirán los pormenores de la asistencia recibida, además del precio.

La idea irá acompañada de otras estrategias dirigidas a frenar la permanente saturación de los servicios de urgencias de los hospitales. Un médico situado en la puerta de esas unidades preguntará al recién llegado cuál es el motivo de su visita, como ya sucede ahora, pero si la consulta no requiere una atención urgente de hospital, en lugar de conducir al individuo a la sala de espera, le indicará cuál es el centro de su barrio más adecuado para la dolencia que sufre. La factura sombra de la visita a urgencias de un individuo que, tras ser analizado, los médicos concluyen que no sufre nada importante y lo envían a casa, indicará que el episodio tiene un coste de unos 120 euros. Ese ciudadano, al que se habrá realizado una radiografía y un análisis de sangre, además de una medición de constantes vitales y un interrogatorio médico, únicamente sabrá que no tiene nada grave tras ser visto por el doctor, pero, tal vez la próxima vez que le suceda lo mismo, sabrá identificar el proceso y ya no irá a urgencias.

Un parto sin complicaciones, atendido en un hospital de máximo nivel, será objeto de una factura simbólica de unos 3.000 euros. El precio del resto de procesos queda sujeto a múltiples variables, vinculadas al estado del enfermo, a los días de ingreso que precisa si ha sido operado, a la rehabilitación o tratamiento posterior que precise y al material quirúrgico que sea necesario emplear.

Colocar una prótesis de rodilla, por ejemplo, tiene un coste medio de 5.900 euros, que superan los 10.000 cuando se suman las sesiones de rehabilitación y los días de posible permanencia en un centro sociosanitario, paso frecuente cuando la receptora es una anciana. Reducir quirúrgicamente el estómago para evitar una obesidad mórbida tiene un coste de unos 8.000 euros. El precio de implantar una cóclea que elimine tecnológicamente una sordera supera los 34.000 euros. Un trasplante de riñón tiene un coste medio de 25.000 euros si no hay complicaciones, cantidad a la que habría que sumar los controles y fármacos. Si el trasplante es de hígado, el coste supera los 50.000. Colocar catéteres en las arterias inmediatas al corazón cuando un enfermo cardiópata se encuentra en alto riesgo de sufrir un infarto cuesta un mínimo de 3.000 euros. Si, inevitablemente, el paciente sufre el infarto e ingresa en una unidad de cuidados intensivos, el precio del proceso superará los 7.000 euros.

Extirpar los núcleos neuronales causantes de una epilepsia no costará menos de 21.500 euros, un coste similar al de una operación neurológica dirigida a reducir la enfermedad de Párkinson. Una operación de cataratas figurará en la factura simbólica con un coste de 1.125 euros, y una neuroradiografía cerebral en la que, de forma simultánea, se coloca un catéter terapéutico costará un mínimo de 10.700 euros. Todos estos precios corresponden a centros públicos. Si se realizan en una clínica privada, esas facturas, reales en este caso, se multiplican bastante.