La organización de consumidores Facua ha exigido a la Junta de Extremadura "transparencia" sobre la gestión del canon del agua, ya que ni el actual gobierno ni el anterior han informado del destino de lo recaudado hasta ahora por un impuesto que debe ser finalista, ni las razones que justifiquen su aplicación.
Facua-Consumidores en Acción ha hecho esta petición después de que la Asamblea de Extremadura haya aprobado su reducción al 50 por ciento en 2018 y su eliminación total en 2019.
La asociación recuerda que el canon del agua, que es una tasa autonómica que se aplica en el recibo del agua a todos los domicilios de la comunidad autónoma, tiene un carácter finalista y debe tener un objetivo concreto, que puede ser la mejora de las infraestructuras o el mantenimiento de las mismas.
Sin embargo, critica que desde su aprobación por el gobierno del PP en 2012 hasta hoy no se ha justificado para qué se estableció el canon, qué mejoras se han hecho en el sistema, si hay obras que aún están en ejecución y cuál es el criterio seguido para que la tasa se establezca en unas cuantías determinadas y no en otras.
Recuerda que Extremadura comenzó a gravar el agua de uso urbano en agosto de 2012, tras la aprobación de la ley de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la comunidad autónoma de Extremadura.
Desde entonces, añade, la asociación critica que el canon, que tiene una figura finalista y sólo se puede establecer para la realización de unas obras concretas, sea objeto de continuas rebajas sin explicar si se está cumpliendo o no con su objetivo.
Facua añade que se ha dirigido en numerosas ocasiones, a instancias de su delegación en Extremadura, al Ejecutivo autonómico para solicitar información sobre las obras hidráulicas que se han realizado con el importe recaudado mediante el canon, sin recibir respuesta en ninguna ocasión.
También recuerda que lleva años demandando la elaboración de un reglamento domiciliario de agua en Extremadura que recoja elementos tales como los derechos y deberes de los suministrados, las responsabilidades de las empresas de agua o las inspecciones de la administración, entre otros.
Aunque el suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, demanda una norma marco que regule aspectos básicos del servicio que contemple, entre otras cuestiones, una estructura de tarifas progresiva y vinculada al número de residentes de los hogares de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa.
La asociación considera que este elemento está directamente vinculado con el ahorro y el despilfarro del agua y que sistema tarifario que lo contemple es más equitativo para la ciudadanía.
