La investigación por el caso de corrupción detectado en Cáceres en el proceso de legalización de inmigrantes en la provincia llevará ante la justicia a más de 140 personas. Así lo estima el subdelegado del Gobierno, Fernando Solís, teniendo en cuenta que como mínimo habrán de declarar ante el juez todas las personas que figuran en los 35 expedientes de normalización de extranjeros de la provincia de Cáceres en los que se han detectado presuntas irregularidades.

"En cada uno de estos expedientes figuran un emigrante y al menos tres empleadores, lo que supone unas 140 personas a las que lógicamente habrá que tomar declaración, y a éstos podrían sumarse otros implicados que puedan derivarse de las declaraciones que los anteriores presten", señaló.

Por ello, al igual que ya indicara a finales de septiembre a este diario el fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Solís estima que la investigación judicial será larga.

En lo que se refiere a la investigación interna que se lleva a cabo en la Subdelegación, los resultados obtenidos hasta ahora "no parecen dar más implicados de esta administración, yo daría por seguro de que no habrá más funcionarios implicados".

Así lo considera Fernando Solís, quien explicó que dicha investigación comenzó el pasado miércoles a cargo de dos inspectoras de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas. "Estas ya han tomado declaración a una docena de funcionarios, y las averiguaciones realizadas hasta ahora inducen a pensar que la única implicación de funcionarios de esta administración es la que ya se conoce".

CONFIRMACION Solís considera que a finales de este mismo mes podría estar finalizada esta investigación interna y contar ya con las conclusiones.

Por su parte, de la investigación judicial que lleva a cabo el Juzgado 6 se derivan, por el momento, las tres detenciones relacionadas con este caso que ya adelantó ayer EL PERIODICO y que ayer, en rueda de prensa, confirmó el propio subdelegado.

Reconoció, como ya informó este diario, que uno de los detenidos es un funcionario de los servicios generales de la Subdelegación del Gobierno, al que se ha puesto en libertad bajo fianza de 9.000 euros. Su participación, señaló Solís, consiste en la compulsa de los expedientes que levantaron las sospechas de posibles irregularidades, "pero ahora habrá de determinarse si esas compulsas son o no irregulares o ilegales, y si las hizo con o sin conocimiento de causa".

Respecto a los otros dos detenidos concretó que se trata de un contratista de obras y un empleado de un organismo público ajeno a la Subdelegación, a los que se ha impuesto una fianza de 6.000 euros. Explicó que la irregularidad descubierta en éstos es que la firma de los empleadores estaba falsificada, "por lo que cabe entender que no habían tenido ninguna intención de contratar a ningún inmigrante, sino que se había conseguido su carné de identidad de alguna manera y se les había incluido como empleadores sin su voluntad", señaló.

La investigación continúa, por lo que no descartó que haya más imputaciones, pues tanto el juez como la fiscal encargados del caso siguen tomando declaración a más personas relacionadas con los expedientes irregulares.