A Manuel Tejeda ya nadie le puede devolver la vida, pero a su familia sí pueden devolverle de alguna forma la paz. Por eso, la viuda y los dos hijos de este pacense asesinado hace dos años en Badajoz reclaman que se asuman responsabilidades por la muerte de su esposo y padre a manos de Rafael Robles, un delincuente de Talayuela que aprovechó un permiso penitenciario de cuatro días para fugarse y en su huída acabó disparando a bocajarro a Manuel, de 56 años, junto al azud del Guadiana. Quería robar su coche. Días antes asaltó a un hombre en Plasencia --de ahí que se le conociera como el pistolero de Plasencia-- y mató a otro hombre en Toledo.

"El preso nunca debió salir de la cárcel de Badajoz, no cumplía los requisitos para que le fuera concedido un permiso penitenciario, por reincidencia, por peligrosidad, por riesgo de fuga, porque estaba cumpliendo condenas por delitos graves, porque ya había quebrantado otros permisos, hasta un juez de Plasencia advirtió de que el prófugo sentía un absoluto desprecio por la vida ajena-", dice el abogado de la familia, Pedro Rodríguez.

El letrado reclama una indemnización de 200.000 euros como responsabilidad patrimonial por el funcionamiento "anormal" de la Administración. "La familia considera que dejarlo en libertad fue una decisión errónea y que la muerte de Manuel se podría haber evitado". Asegura que a la viuda y a los hijos lo que menos le importa es el dinero: "El daño no se puede reparar de ningún modo, pero sí se puede conseguir que los órganos que han errado admitan su responsabilidad para que estos hechos no vuelvan a suceder", señala.

ACCIONES Para ello, Rodríguez inició hace más de un año varias acciones por la vía administrativa, que, si siguen sin respuesta como hasta ahora, acabarán en la vía contencioso-administrativa. La primera reclamación va contra el centro penitenciario de Badajoz, cuya Junta de Tratamiento concedió en enero del 2014 el permiso de cuatro días a Rafael Robles. El letrado asegura que el pistolero de Plasencia no cumplía los requisitos para obtener un permiso: "ni por los delitos ni por sus facultades mentales".

Otra de las acciones va dirigida al Ministerio de Justicia, órgano final del que depende el juzgado de vigilancia penitenciaria de Extremadura y que ratificó el permiso solicitado por la cárcel. "Otro error". La tercera reclamación en marcha denuncia la "ineficacia" de los cuerpos de seguridad. "Tardaron hasta tres días en informatizar en los registros que había un preso fugado y varios días en dar con él pese que había testigos que ya lo ubicaban en Badajoz. No se actuó con la digilencia que se debía".

Ante las acciones emprendidas hace más de un año, solo hay respuesta del Consejo General del Poder Judicial que señala que no puede castigar los errores de los jueces porque vulneraría la independencia de la justicia. "Llegaremos hasta el final", sentencia Rodríguez.