Agosto volvió a ser un mes conflictivo para el transporte escolar. Las nuevas disposiciones, especialmente la referida a la edad máxima de los vehículos, que bajó de 18 años a 16, obligaba a renegociar el acuerdo firmado, no sin polémica previa, el pasado año. Los transportistas exigían un incremento del 20%, mientras la Junta ofrecía, como máximo, el 11%.
La falta de entendimiento llevó al Ejecutivo regional a negociar las rutas con empresas ajenas al transporte escolar, en un pulso en el que incluso hubo una denuncia por coacciones contra la asociación regional de transportistas.
Llegó septiembre, y mientras la Junta aseguraba que ya tenía cubiertas el 30% de las rutas y aprobaba un decreto que habilitaba a los ayuntamientos para poner en marcha el servicio de transporte escolar y abría la puerta a la creación de una empresa mixta para este servicio, Artex se mantenía firme en su demanda de 15 euros más por ruta y día.
Un día antes de empezar el curso, Administración regional y empresarios firmaban un principio de acuerdo, ratificado una semana después. Se iniciaba así lo que parecía ser una época de paz, pero sólo fue una efímera tregua. El conflicto ha estallado a los 88 días, con el agravante de que el margen de negociación es ahora menor.
