El proceso de regularización catastral que el Gobierno central puso en marcha en el 201 ha permitido actualizar los valores de más de 23.000 viviendas de 35 municipios extremeños cuya situación había cambiado en los últimos años. Así se desprende de los últimos datos difundidos por el ministerio en noviembre del pasado año. La regularización de estas 23.000 viviendas ha supuesto incrementar el IBI hasta 154 euros anuales y pagar otros 357 euros por los atrasos de los últimos años.
