Dos años y 6 meses de prisión y 15 meses de multa solicitó el fiscal en la vista seguida contra Angel Vadillo, alcalde de Alburquerque, en el Juzgado de lo Penal 1 de Badajoz, por obstrucción a la justicia y por las amenazas contra Antonia Matador, vecina del pueblo. Fue esta mujer quien denunció a Vadillo tras ser aludida en el discurso navideño del regidor en diciembre de 2010, en relación a un disputa con una hermana --presidenta local del PSOE-- por una licencia de obras que derivó al plano político.

El abogado de la acusación, José Andrés Martínez, añadió el delito de injurias graves y pidió 3 años de prisión, inhabilitación para cargo público, 30 meses de multa y 60.000 euros por daños morales, a pagar a la denunciante de forma solidaria con el ayuntamiento. El defensor, Rafael Arenas solicitó la absolución "por falta de pruebas y contenido procesal", al tiempo que anunció que recurrirá una posible condena.

Según reconoció el acusado en el juicio, aludió a Antonia Matador en su intervención, que luego se recogió en la televisión y en una revista locales, y en internet. Y lo hizo en términos como "tiene que pedir disculpas a su hermana" pues si no, "sufrirán, porque tengo información para demostrar qué tipo de personas son", dijo en referencia a la pareja de la mujer, en ese momento el presidente del PP, a quien llamó "maltratador".

Vadillo insistió en que su intención era mediar entre las hermanas y negó que se refiriera a asuntos privados, sino a "problemas laborales del pasado por los que la ayudó su hermana Angeles". Así, explicó que también lo hizo por que "me presentó como culpable de un delito urbanístico que no se había juzgado" --y que se acaba de archivar--, "cuando su pareja sí tiene condenas y nadie las saca", dijo.

En esa línea argumental es en la que el defensor intentó basarse, en la publicación en medios de comunicación de detalles del proceso abierto en relación a la licencia de obras, que calificó de "filtraciones insoportables" y de "linchamiento mediático" que dejaban a Vadillo "indefenso". Por ello presentó un "ramo" de 37 pruebas para solicitar la nulidad de actuaciones, o que ese "ruido mediático" favorezca al acusado en la sentencia. El fiscal las consideró improcedentes por referirse a una causa anterior y por que su contenido ya constaba en la causa. El letrado insistió en que de no aceptarlas, se dejaría al acusado "indefenso". Y anunció posteriores recursos. La acusación particular no puso impedimento, pero la jueza las rechazó, como la nulidad, negando una posible "indefensión" y garantizando "la presunción de inocencia".

La denunciante, Antonia Matador, declaró que a raíz de estos hechos, sufre alopecia, que las muestras de apoyo al alcalde le afectaba de forma negativa, e interpretó que Vadillo la amenazó con divulgar sus "relaciones promiscuas". Dijo que fue a vivir Bilbao, "porque no podía seguir en el pueblo".

Su hermana Angeles, afirmó que "padece alopecia desde los 14 años" y que "se fue a Bilbao "porque conoció a un hombre y quiso intentar una relación". También afirmó que la intención de Vadillo fue mediar entre ambas y ratificó la deriva política del caso. Este testimonio lo corroboró una prima de ambas.

El fiscal señaló que Vadillo abusó mezclando lo público y lo privado", "prevaliéndose de su cargo de alcalde". Razonó por qué hay obstrucción a la justicia y desvirtuó la pretensión de ir contra la prensa.