Diez años de prisión y dos millones de euros de multa son las penas que el Ministerio Fiscal solicita para Julián A. M., un guardia civil perteneciente a la Agrupación de Tráfico de Cáceres que fue detenido en una de las más importantes operaciones contra el tráfico de drogas llevada a cabo en Extremadura. En ella se practicaron diez detenciones; se incautaron 4.006,16 gramos de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito habría alcanzado casi los 524.000 euros, y 369,25 gramos de hachís, valorados en casi 1.700 euros; y se intervinieron 213.000 euros en metálico.

Tuvo lugar en julio del 2006. Se bautizó con el nombre de ´Operación Vegas Altas´, y en ella la Policía Nacional detuvo a 10 personas --cinco extremeños, cuatro colombianos y un andaluz--, presuntos miembros de una banda organizada dedicada al tráfico de drogas. Su ilícita actividad consistía en la introducción de cocaína en España procedente de Colombia, a través de vuelos regulares desde aquel país, para su posterior distribución y venta en Extremadura, fundamentalmente en Villanueva de la Serena y localidades limítrofes, y también en otros puntos de la geografía española.

Lo recuerda así en su escrito de calificación de los hechos la acusación pública, que sobre la participación de Julián A. M., que en el momento de los hechos contaba 25 años y era guardia civil en activo en la Agrupación de Tráfico, señala que este agente, "haciendo alarde" de su condición de guardia civil frente al resto de los miembros de la organización, conseguía "diversas cantidades de dinero a cambio de asegurar la entrada de la droga en nuestro país evitando los controles por parte de los agentes de aduanas". Para ello, se añade en el escrito de acusación, se le entregaban fotografías de los correos , "a fin de identificarlos a su entrada en el aeropuerto", y era informado en todo momento de los pasos de la operación.

Con Julián A. colaboraba en todo lo expuesto, en su caso "simulando el carácter de agente de la Guardia Civil", el asimismo acusado Javier G. C., también de Cáceres y que contaba entonces 26 años. Para él solicita el Ministerio Fiscal las mismas penas que para el anterior.

LOS IMPLICADOS Esta condena, 10 años de prisión y dos millones de euros, es la que la acusación pública pide para todos los acusados excepto para Cristina C. S., de 25 años y residente en Villanueva de la Serena cuando ocurrieron los hechos, a la que se considera cabecilla de la red, y para Vicente L. P., cacereño de 33 años que actuó en alguna ocasión como ´correo´ de la misma, introduciendo la droga en España a través del aeropuerto de Barajas.

En el caso de este último el Ministerio Fiscal estima de aplicación una circunstancia atenuante (eximente incompleta) al existir un informe del médico forense "conforme al cual la inteligencia y voluntad de este acusado se encuentran menoscabadas, lo que dificulta la comprensión del alcance y consecuencia de sus actos". Por ello se solicitan para él 8 años de prisión, sustituibles por la medida alternativa de internamiento en un centro psiquiátrico por el mismo periodo de tiempo.

Para Cristina C. S., aunque se solicita la misma multa que para el resto (dos millones de euros), el Ministerio Fiscal pide dos años más de prisión (12 años) al ser la que "ejercía las funciones de liderazgo de todos los miembros de la organización" y "mantenía los contactos con todos los implicados, tanto en España como en Colombia".

Así, según continúa el fiscal su relato de los hechos, Cristina C. contaba en Villanueva con el apoyo del también acusado Antonio A. S., sevillano de 27 años que, entre otras funciones, "realizaba a la red aportaciones económicas"; y la colaboración de Angel B. O., de 24 años y también de Villanueva, "encargado principalmente de la distribución y venta a menudeo en esta localidad" y que en las fechas de la intervención policial "gestionaba un préstamo destinado a financiar la operación".

En la organización, con otras distintas funciones, como alojar y acompañar a los ´correos´, controlar la droga desde su país hasta su llegada a España..., participaban también los colombianos Eduardo E. V. S., de 29 años por aquellas fechas; Reynaldo T. T., de 47; Carlos A. A., de 52; y Carlos A. O. V., de 42 años.

Las detenciones se produjeron a raíz de que, a las 11.19 horas del 9 de julio del 2006, funcionarios del grupo operativo local de la Comisaría de Don Benito-Villanueva y de las secciones de estupefacientes de Badajoz y el aeropuerto de Barajas intervinieran a Vicente L., que acababa de llegar en un vuelo desde Bogotá, una maleta con cocaína oculta en un doble fondo.