El fiscal ha solicitado en sus conclusiones provisionales una pena total de doce años de prisión por tres delitos continuados de extorsión a los empresarios para el exjefe de Tráfico de Trujillo, José Padilla, según fuentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Padilla, que ostentaba el grado de brigada, fue denunciado por los guardia civiles bajo su mando, y expedientado por el Ministerio del Interior en diciembre pasado año. Además, la acusación pública le reclama el pago de 8.000 euros por los perjuicios causados a los empresarios afectados.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por la AUGC, ha reclamado siete años de prisión por un delito continuado de extorsión a los tres empresarios, así como otros tantos de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
Fuentes de la asociación de guardia civiles explicaron a EL PERIODICO que el fiscal también ha recogido en su petición que si Padilla no paga los 8.000 euros, se declare responsable subsidiario a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y si ésta tampoco asume el pago, que se embargue el patrimonio del acusado.
Respecto a los otros delitos que se achacaban al exjefe de Tráfico, como el de prevaricación, abuso de autoridad y malversación de fondos, desde la AUGC se ha indicado que al ser examinado el caso por un abogado, se vio la imposibilidad de elevarlos al grado de delito, quedando sólo como faltas, ya que tanto la prevaricación como la malversación de fondos se habrían realizado indirectamente.
JUICIO ORAL ANTES DE FIN DE AÑO
Por lo que se refiere a la situación procesal de Padilla, que quedó en libertad provisional en diciembre y fue cesado como jefe de Tráfico en marzo, la titular del Juzgado número 1 de Trujillo ha dictado la apertura de juicio oral, cuya vista será en la Audiencia Provincial de Cáceres, al tener el acusado la condición de aforado. Aún no hay fecha para el juicio, pero desde la asociación de guardias se indicó que tiene que celebrarse en un plazo de seis meses.
Mientras, Padilla ha sido obligado a dejar la vivienda que ocupaba en la casa-cuartel de la Guardia Civil de Trujillo, y, al parecer, estaría viviendo en la localidad de Arroyo de la Luz. Este desalojo es consecuencia de la decisión tomada por Interior hace cuatro meses, cuando revocó el destino del exjefe de Tráfico, y se le cesó por pérdida de confianza, ante la acusación de presionar a los empresarios para lograr favores personales.
