El fiscal ha rebajado la petición de penas para los 18 acusados de irrumpir en el informativo territorial de Televisión Española en Mérida en febrero de 2014 para reclamar el pago de la renta básica y solicita multas que van de los 540 hasta los 4.320 euros en lugar de los casi 9.000 euros iniciales.

De esta forma se ha mantenido el delito de desorden público para todos y se ha suprimido el delito de coacciones que se solicitó al inicio de la instrucción.

Por su parte, en las conclusiones finales de la segunda jornada del juicio que ha continuado hoy en Cáceres, las defensas, ejercidas de manera altruista por siete abogados de Baleares, Madrid, Cataluña y Extremadura, han pedido la libre absolución de los integrantes del Campamento Dignidad que protagonizaron el acto en el plató de TVE.

Hoy ha sido el turno de la declaración de los testigos, entre ellos el director territorial de TVE en Extremadura, Urbano García, quien ha relatado que el vigilante de seguridad le avisó de que "habían entrado sin autorización" y que cuando llegaron a su despacho "trató de hablar con ellos para ver qué querían".

Cuando se dirigieron hacia el plató, trató de impedirlo y recibió "un golpe del chico más alto en el hombro", ha agregado, y que tras forcejear con algunos de los trabajadores entraron y no se marcharon hasta que llegó la policía y les dijo que tenía que desalojar.

Una vez colocados detrás de la presentadora, según García, "el editor decidió interrumpir la señal, algo que ellos desconocían, y estuvimos quince minutos sin poder cumplir con nuestro servicio público".

Las defensas han vuelto a insistir como hicieran en el día de ayer ayerque "se trató de una reivindicación pacífica y que no sabían que en aquel momento se estaba emitiendo el informativo en directo", así como que su intención era "luchar contra la pobreza".

Al inicio del juicio ayer siete de los acusados y otros dos pendientes por ausentarse del juicio, se conformaron con la multa de 540 euros, excepto uno que tendrá que pagar 810 euros por contar con antecedentes penales no computables para este caso.

En cuanto al resto, se piden 3.240 euros de multa para siete de ellos -entre los que está Eugenio Romero, diputado regional de Podemos-, 3.600 euros para la persona acusada además de una falta de maltrato y 4.320 euros para otro por contar con antecedentes penales no computables para el caso.

A la sesión de hoy han asistido el secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, y la diputada autonómica de esta formación Jara Romero.