La Fiscalía ejercerá un mayor control de los asuntos derivados de la violencia escolar y actuará en absolutamente todos los casos de ataques a docentes que se puedan producir en Extremadura, ya sean graves o leves. Así lo anunció ayer el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Aurelio Blanco, quien manifestó también que en el caso de que las víctimas sean profesores de centros públicos, las amenazas, lesiones o coacciones de que éstos puedan ser objeto serán calificados como delitos de atentado a funcionario público.

La intervención del fiscal en los juicios de faltas, por infracciones leves, no es obligatoria, pero Blanco aseguró que a partir de ahora, en estos casos, el ministerio fiscal siempre intervendrá como parte y pedirá la condena correspondiente. "Esta es una facultad que me concede la ley, y voy a pedir a todos los fiscales que intervengan en todas las infracciones, tanto en las que sean constitutivas de delito, como en las que lo sean de falta".

Este, según indicó el propio fiscal-jefe, fue uno de los compromisos adquiridos en la reunión que mantuvo en Cáceres con las consejeras de Educación y de Presidencia, Eva Pérez y Casilda Gutiérrez, para analizar la problemática generada por las situaciones de conflictividad en las aulas y el entorno escolar.

DIFERENTES ACUSACIONES Aunque estima que la Administración de Justicia debe ser la última vía, que se ha de acudir a ella solo en los casos graves o en aquellos en que se hayan agotado todas las demás medidas previstas dentro del sistema educativo, Blanco insistió en advertir que quien agreda a un profesor, ya sea física o moralmente, será objeto de la acción de la Justicia y acusado por la Fiscalía.

Así, señaló, quien atente contra la libertad o la seguridad de un profesor podrá ser acusado de delito o falta de lesiones, injurias, amenazas o coacciones, y si el profesor lo es de un centro público lo será, además, de delito de atentado contra funcionario público. Esto no quiere decir, hizo constar el fiscal-jefe, que los de centros privados estén menos protegidos por la ley, "todos lo están por igual, lo único que cambia es la tipificación del delito o falta en unos casos y otros".

Y es que, según advirtió, en ningún caso podrían calificarse las agresiones a todos los profesores como delitos de atentado a funcionario público y, menos aún, de atentado a la autoridad, pues para ello, señaló, sería necesario modificar el Código Penal. "La legislación establece claramente quien es autoridad, que no lo son los profesores, ni de centros privados ni públicos, y quien funcionario, que sí lo son los de centros públicos".

Tanto Aurelio Blanco como la consejera de Educación coincidieron en señalar que, en base a los datos de que se dispone, en Extremadura los casos de agresiones a docentes "no son alarmantes". Al respecto, la responsable de Educación señaló que el curso pasado se abrieron en los centros de Secundaria de la región 57 expedientes disciplinarios por situaciones de conflictividad, "y solo el 1,08 % de los.profesores de Secundaria sufrió algún tipo de agresión".

Reconoció, no obstante, que el

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