Una llamada de alerta para intentar prevenir situaciones que desembocan en delitos como abusos o agresiones, cada vez más frecuentes. Fue el mensaje que se quiso lanzar ayer desde la Fiscalía tras la presentación de su memoria anual correspondiente al pasado año. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Aurelio Blanco, hizo entrega de la misma al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y quiso avisar de que hay un repunte en casos que tienen que ver con la libertad sexual. También puso el foco en la violencia familiar, que ha experimentado igualmente un aumento con respecto a 2015.

Según la estadística que recoge este informe, el pasado año hubo 61 diligencias previas por agresiones sexuales (37 en la provincia de Badajoz y 24 en la de Cáceres), frente a las 42 que se registraron en el periodo anterior. Esto significa un incremento de entorno al 45%.

VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN / En cuanto a los casos de abuso sexual, aparecen 110 (70 en la provincia de Badajoz y 40 en la de Cáceres) en la memoria de este año, mientras que en 2015 fueron 76. Lo que vuelve a implicar una subida, esta vez, de un 47%. Además, en este tipo de delito, hay que poner el foco en los casos en que las víctimas son menores de 16 años. Se registraron 20 diligencias previas el pasado año (15 en Badajoz y 5 en Cáceres), mientras que en 2015 fueron un total de 14. «Cuando se trata de abuso sexual a menores, las penas van desde los dos hasta los seis años de prisión. Y si se emplea violencia o intimidación, entonces estamos hablando de agresión sexual, y la condena puede ser de entre cinco y diez años de cárcel. Ésta va aumentado en función de los agravantes: si la víctima tiene alguna discapacidad física o psíquica, si hay parentesco, si es en el seno de una organización...», explica la abogada penalista pacense Estrella Santiago. De este último delito con menores, hubo tres en Extremadura el pasado año, dos en Badajoz y uno en Cáceres.

Con respecto a la violencia en el ámbito familiar, las amenazas es la principal causa registrada. Si hubo 158 diligencias abiertas por esta razón concreta a lo largo de 2016 (82 en Badajoz y 76 en Cáceres), un año antes fueron 79 (49 en Badajoz y 30 en Cáceres), lo que significa un incremento medio del 110%.

Centros de protección / El fiscal jefe Aurelio Blanco explicó que «en algunos casos se trata de delitos cometidos por menores de edad, un dato que preocupa, ya que cuando se toman medidas sobre menores infractores se suele primar la estancia del menor con la familia para poder corregir su comportamiento. Sin embargo, como en los casos mencionados la violencia se produce en el seno de la familia, esa medida no sirve, por lo que hay que recurrir a centros de protección de menores, ya que son situaciones que si se mantienen dentro del ámbito familiar pueden llegar a ser más graves y más preocupantes de las que actualmente se están produciendo».