La Fiscalía General del Estado ha observado un descenso generalizado en el número de vertederos en los que existía un alto riesgo de incendios, aunque ha detectado un ligero aumento en Extremadura, Cantabria y el País Vasco.
De hecho, el Ministerio Público ha valorado que las campañas de control realizadas las fuerzas de seguridad en esas instalaciones y en áreas recreativas han propiciado un descenso del número de incendios forestales.
Los datos se ponen de relieve en la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2015, en la que se destaca la eficacia que ha tenido el seguimiento y control de las áreas recreativas, de los vertederos y de las líneas eléctricas para reducir el número de incendios forestales que se iniciaban en esos lugares.
En número de vertederos en los que existía un alto riesgo de incendios ha descendido en Andalucía, Castilla-La Mancha y en Castilla y León, mientras que ha aumentado ligeramente en Cantabria, Extremadura y el País Vasco.
El pasado año se dictaron un total de 927 (dos menos que en 2014) sentencias condenatorias de las que 37 lo son por delitos contra el medioambiente, 455 corresponden a urbanismo y ordenación del territorio, 16 sobre patrimonio histórico, 220 por delitos contra la flora y fauna, 131 por incendios forestales y 68 por malos tratos a animales domésticos.
A esas cifras se suman cinco sentencias del Tribunal Supremo, de las que dos lo son en Medio Ambiente, una en Urbanismo y Ordenación del Territorio, una en Patrimonio Histórico y una por incendio forestal.
Respecto a casos concretos en los que ha intervenido la Fiscalía, destaca la contaminación en Palomares (Almería) como consecuencia de las bombas nucleares caídas en 1966, y la denuncia que interpuso la organización Ecologistas en Acción contra el CIEMAT y el Consejo de Seguridad Nuclear por "desinterés e inactividad".
Pero la Fiscalía concluyó que no existían indicios de responsabilidad penal en las autoridades y funcionarios, y que éstos han realizado en los últimos años múltiples actuaciones para dar una solución definitiva al problema.
Así, la Fiscalía insistió en que no entendía que se pretendiese hacer recaer sobre ellos la responsabilidad de lo ocurrido desde el momento del accidente y en las décadas posteriores.
La Fiscalía ha evaluado durante los últimos meses las causas de la elevada mortalidad del lince ibérico, entre las que ha comprobado que la más importante son los atropellos, por lo que ha incidido en la importancia de mejorar las infraestructuras viarias.
En la Memoria se pone de manifiesto también la preocupación por el uso de sustancias prohibidas en fitosanitarios o plaguicidas, que por su toxicidad están prohibidas pero que se están encontrando "habitualmente" en pequeñas cantidades en cebos envenenados.
La Fiscalía atribuye este uso al sector ganadero o cinegético para dar muerte a los depredadores y al sector agrícola en menor medida para terminar con algunas plagas.
Reconoce la Fiscalía casi todas las comunidades disponen de planes estratégicos en la lucha contra el veneno, la erradicación del uso de estas sustancias parece todavía lejana.
