El Ministerio Fiscal considera que la organización agraria UPA-UCE creó un entramado que le permitiera “apoderarse de la totalidad de las subvenciones comunitarias por asesoramiento de manera rápida, eficaz y minimizando los costes económicos” y que gracias a él gestionó 4.342 expedientes de solicitud por los que se hizo con 4,3 millones que destinó a la propia organización.
El escrito de acusación es un nuevo paso derivado del proceso judicial abierto a raíz de la ‘Operación Tellus’ puesta en marcha por la Guardia Civil en 2016. En él la Fiscalía solicita penas de prisión para los siete acusados en el proceso, entre ellos el secretario general de la organización, Ignacio Huertas y el secretario de Administración, Maximiano Alcón, para los que pide respectivamente hasta 16 años de prisión y una multa de 33 millones como máximos responsables de todo ese entramado. Además pide Además pide hasta 10 años y 4 meses de prisión para Miguel Leal (secretario de organización), José Cruz (secretario de Acción Sindical) y María Antonia Alcalá (vicesecretaria general); 9 años y 6 meses de cárcel para Gervasio Martínez, director del proyecto técnico de las subvenciones; y para Juan Manuel Apolo, trabajador considerado el contable de la organización agraria, el fiscal pide hasta 6 años de prisión, según consta en el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario.
A todos ellos les considera autores de los delitos de fraude en subvenciones, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Además, a través de una nota de prensa, la Fiscalía de Mérida explica que “los hechos por los que se formula acusación se refieren al periodo temporal que comprende los años 2010 a 2015” y se limitan a la “presunta creación de un entramado organizativo, con distintos niveles de responsabilidad de acuerdo al cargo ocupado por los encausados”. Este sistema estaba encaminado supuestamente “a destinar fondos procedentes de subvenciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a fines diferentes a los establecidos por la reglamentación que los regula, y más en concreto, para lograr en última instancia una financiación encubierta del propio sindicato”.
En 60 páginas el Ministerio Fiscal desgrana cómo creó la organización agraria un mecanismo para destinar “a su propio beneficio” los fondos destinados a sufragar parcialmente los gastos de los honorarios por los asesoramientos que tendrían los agricultores, a los que señala como “meros instrumentos para el fin defraudador predeterminado”. El fiscal recoge en ese escrito que poco antes de enero del 2010 fueron precisamente Huertas y Alcón quienes “ordenaron tanto la organización de un proyecto técnico consistente en la planificación de los asesoramientos a realizar” para la obtención de las subvenciones “como una planificación financiera” para que la obtención de las subvenciones repercutieran en la opa.
Al resto de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Regional de UPA los sitúa como conocedores del procedimiento, al que “dieron su beneplácito”. Con eso, encargan a Juan Miguel Apolo, “la ideación de un sistema que permitiera al sindicato conseguir ese objetivo” y que una vez ideado se puso a su disposición “la organización, estructura y jerarquía de la organización agraria. Es a Juan Miguel Apolo al que se atribuye la creación del “carrusel” por el que supuestamente se realizaron pagos a agricultores y ganaderos a través de una sociedad interpuesta (Servicios Integrales Extremeños, SIEX) que previamente les había facilitado las cantidades a abonar. “El fraude financiero se sustenta en que las operaciones de préstamos y adeudos que se realizaban eran ficticias”, señala el escrito de la Fiscalía.
Por todo ello, el fiscal pide para el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas y para el secretario de Administración , Maximiano Alcón, hasta 6 años de prisión y una multa de 33 millones como autores de un delito continuado contra la hacienda pública de fraude en subvenciones, un delito continuado de blanqueo de capitales en consideración de jefe o encargado y un delito de pertenencia a organización criminal en consideración de coordinador y director. Pide además el mismo tiempo (16 años en total) de inhabilitación especial.
Además pide hasta 10 años y 4 meses de prisión para Miguel Leal (secretario de organización), José Cruz (secretario de Acción Sindical) y María Antonia Alcalá (vicesecretaria general) y una multa de 12 millones. Les considera autores de un delito continuado contra la hacienda pública de fraude en subvenciones (3 años y 10 meses), otro delito continuado de blanqueo de capitales como integrantes de la organización dedicada a tales fines (3 años y 6 meses) y otro de pertenencia organización criminal, como partícipes de la misma en este caso. Pide para todos ellos también la inhabilitación especial durante el mismo periodo de la pena y la imposibilidad de obtener subvenciones durante cinco años.
Para Gervasio Martínez, director del proyecto técnico de las subvenciones, el fiscal pide 9 años y 6 meses de prisión, como autor de un delito continuado contra la hacienda pública de fraude en subvenciones (3 años y 10 meses), un delito continuado de falsedad documental (2 años y 8 meses) y un delito de pertenencia a organización criminal como partícipe de la misma. El Ministerio público pide también para él el mismo tiempo de inhabilitación especial y una multa de 12 millones por de un delito continuado contra la hacienda pública de fraude en subvenciones.
Para Juan Manuel Apolo, trabajador considerado el contable de la organización agraria, el fiscal pide hasta 6 años de prisión y una multa de 4 millones de euros. En ese caso el Ministerio fiscal aplica las atenuantes de confesión y reparación del daño y de ahí que las penas que se solicitan sean menores. Le considera también autor de un delito continuado contra la hacienda pública de fraude en subvenciones (2 años de prisión), un delito de blanqueo de capitales como integrante de la organización dedicada a tales fines y un delito de pertenencia organización criminal, como partícipe de la misma.
La Fiscalía pide además para la organización agraria UPA-UCE EXTREMADURA una multa 11,1 millones por un delito por un delito continuado contra la hacienda pública de fraude en subvenciones (8,6 millones de euros) y por delito continuado de blanqueo de capitales (2,5 millones). A eso añade la pena de pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de 5 años y 3 meses. La pena de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas por un periodo de 5 años y la pena de suspensión de las actividades de UPA-UCE EXTREMADURA como persona jurídica por un plazo de 5 años.
También recoge el escrito la petición de que todos los acusados respondan de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil para indemnizar a la Consejería de Agricultura con 4,3 millones de euros por la cuantía de las subvenciones aprobadas en los asesoramientos prestados y tramitados por la organización agraria en el periodo 2010-2015.
La Fiscalía de Mérida ha apuntado en todo caso que el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal carece de eficacia jurídica aún, puesto que están pendientes de resolución varios recursos interpuestos contra el Auto de Procedimiento Abreviado. Esta resolución no es firme y solo en el caso de que los recursos sean desestimados y se dicte Auto de Apertura de Juicio Oral "el escrito desplegará todos sus efectos".
"Sorpresa y rechazo" en UPA-UCE
La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha expresado este jueves su más absoluta sorpresa y rechazo al conjunto de delitos con los que Ministerio Fiscal acusa a los investigados en la denominada 'Operación Tellus', que consideran "magnificados desorbitadamente por las condenas que reclama sin justificado soporte probatorio contra la organización, sus dirigentes y trabajadores".
En una primera valoración del escrito del fiscal, UPA-UCE considera que, en su escrito de acusación, “desprecia e ignora las contundentes e incuestionables pruebas que, mediante declaraciones testificales ante la Guardia Civil y el juzgado instructor, los informes emitidos por el Banco de España a través del Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), así como los informes de los servicios de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la Intervención General de la Junta de Extremadura, y también el material incautado e investigado en la propia sede de la organización. Todos ellos, a su juicio, "demuestran la correcta actuación de UPA-UCE Extremadura y la efectiva prestación del Servicio de Asesoramiento a los agricultores y ganaderos que fueron los efectivos beneficiarios de las subvenciones concedidas por la Junta de Extremadura”.
En opinión de UPA-UCE Extremadura, "la única explicación posible al escrito de acusación del fiscal es la de tratar de justificar su improcedente y desorbitada solicitud de mantener en prisión incondicional desde Noviembre de 2016 hasta febrero de 2017 a los dirigentes Ignacio Huertas y Maximiano Alcón".
Cabe recordar, señala UPA-UCE Extremadura, que como consecuencia de la investigación iniciada por la actuación del sindicato el Juzgado inició una pieza separada en la que se investigó a los servicios y funcionarios de la Junta de Extremadura encargados del procedimiento de selección de las entidades de asesoramiento a los agricultores y ganaderos, concesión, control e inspección de las subvenciones, que concluyó sin formular acusación alguna, validando de este modo las actuaciones realizadas desde la administración autonómica, desarrolladas en distintas legislaturas regidas por gobiernos de diferente color político. "La actuación desarrollada por la organización, destinada a facilitar a agricultores y ganaderos el acceso a los servicios de asesoramiento en las condiciones económicas más favorables, sin incurrir en incumplimiento alguno con la normativa reguladora dictada por la Junta de Extremadura, fue idéntica o similar a la puesta en marcha por otras organizaciones agrarias o cooperativas extremeñas", señalan.
Resulta además incomprensible para UPA-UCE, que el fiscal ignore que la Junta de Extremadura, personada en la instrucción como supuesta principal perjudicada por la actuación del sindicato, se haya apartado del caso, "reconociendo la inexistencia de perjuicio para la administración". "Sin fraude de subvenciones que perjudique a las arcas públicas no existe ni falsedad documental, ni blanqueo de capitales ni, menos aún, organización ni grupo criminal".
