La Fiscalía de Don Benito ha solicitado para José Luis Viñuela, Juan Francisco Cerrato y José Villa penas de prisión de 21 años y seis meses, 11 años y seis meses y 9 años y seis meses respectivamente por los delitos de malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, apropiación indebida, prevaricación, apropiación indebida, delito contable y falsedad documental. Se trata del director general, el subdirector general y el técnico jefe de la Institución Ferial de Don Benito (Feval) hasta el año 2011.

El juzgado de instrucción número 3 de Don Benito ha dispuesto la apertura de juicio oral contra los tres, donde se han personado como acusación particular tanto la institución ferial de Feval como el PP de Extremadura. En el auto del juez se solicita una fianza de 270.000 euros a cada uno de los acusados a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias en cada caso.

Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Periódico Extremadura, en el departamento de administración del consorcio de Feval desde fecha no bien determinada pero en todo caso desde antes del año 2004 se vino haciendo uso de una hoja Excel (como sistema de anotación a modo de diario de operaciones o diario de caja), utilizada para el auxilio del personal de administración y en la que se hacían constar las entradas de efectivo, principalmente procedentes de actividades de hostelería y restauración, arqueo de la máquina de tabaco e ingresos directos obtenidos en las ferias celebradas. Igualmente se anotaban en dicha hoja Excel las salidas de efectivo.

Concretamente, con la denominación de “a caja Juan”, se anotaban las cantidades de efectivo recibidas por dicho departamento que eran entregadas al administrador general y responsable del departamento (Juan Francisco Cerrato) y que este trasladaba a la caja de caudales que tenía en su despacho sin firmar ningún justificante de ello. A partir de este momento los miembro del departamento de administración perdían el control sobre el destino de estas cantidades pues, aun cuando parte de las mismas se devolvían por el administrador general al departamento (haciéndose constar ello en la hoja Excel bajo la denominación "de caja Juan") y otras eran ingresadas directamente en las cuentas bancarias de la institución, otra parte de dichas cantidades desaparecían.

De esta forma, se iba produciendo un descuadre en perjuicio de la institución, entre el saldo que tendría que existir según los movimientos registrados en la hoja Excel y el dinero efectivo existente en la institución. Este descuadre, al final de cada ejercicio y por orden Juan Francisco Cerrato, se ocultaba y hacía desaparecer de la contabilidad oficial eliminando o modificando los asientos para que el saldo resultante de esta cuadrase con el dinero efectivo existente en el departamento.

En concreto y sin perjuicio de otras manipulaciones, al cierre de las cuentas del ejercicio 2009 durante el año 2010 y con la finalidad de que el saldo de caja resultante de la contabilidad oficial cuadrase con el dinero efectivo existente en el departamento, Juan Francisco Cerrato ordenó suprimir de la contabilidad oficial varios asientos y reducir otros para eliminar de esta forma de la contabilidad oficial ingresos por un importe total de 38.489’20 euros.

Descubierta tal mecánica defraudatoria, se procedió por la policía judicial, a verificar los ejercicios 2005-2009 comprobando que los saldos de caja de la contabilidad oficial habían sido modificados respecto de los que deberían existir conforme a las anotaciones de la hoja Excel, produciendo un desfase de 181.914'97 € que habrían desaparecido bajo el control del Juan Francisco Cerrato y sin justificación contable. Toda esta operativa era dirigida materialmente por él quien, amparándose en la relación de superioridad jerárquica con respecto a los empleados del departamento de administración, impartía a estos las órdenes concretas para la manipulación del saldo de caja de la contabilidad oficial procediendo estos a su cumplimiento ante la posibilidad velada de poner en peligro su puesto de trabajo de negarse a ello, todo ello con el conocimiento y consentimiento del director general José Luis Viñuela quien, rubricaba la manipulación haciendo propia la contabilidad oficial alterada para presentarla a la Junta Rectora del Consorcio y reforzaba la posición de superioridad jerárquica del administrador general frente a sus subordinados cuando ello era necesario.

El fiscal también acusa a José Luis Viñuela y José Villa de dar las órdenes oportunas para utilizar recursos de Feval al mantenimiento y mejora de la finca que ambos adquirieron en 1992 en el término municipal de Navalvillar de Pela, al borde del pantano de Orellana, que actualmente es propiedad exclusiva José Luis Viñuela. Según la Fiscalía, ambos utilizaron a trabajadores de Feval, como jardineros y peones de mantenimiento, para realizar labores de mantenimiento, durante su horario laboral y sin que recibiesen otra contraprestación que su remuneración como asalariados de la institución.

Así mismo, se hace constar como en 22 de junio de 2009 se firmó un convenio de colaboración entre la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura y la Institución Feval para “la definición, diseño, puesta en marcha, despliegue y explotación del centro de emprendimiento TIC de Feval” dotado con una cuantía de 1.373.440€ y cofinanciado en el 75% por fondos Feder. Técnicos de administración recibieron órdenes de fraccionar la fase I de este convenio convenio y redactar tres pliegos diferentes para tres contratos distintos, dando lugar a tres expedientes de contratación distintos: Estos tres expedientes de contratación “fueron una falacia”, asegura el Ministerio Público, pues en su desarrollo se cometieron múltiples irregularidades y falsedades convirtiéndose en una mera cobertura formal para la adjudicación de los mismos a la empresa Everis, empresa que comenzó a prestar sus servicios en la institución durante el mes de agosto de 2009 antes incluso de la adjudicación provisional de los mismos.