La Fiscalía pide 36 años de inhabilitación y 8 de cárcel para el director del Sexpe en Trujillo

Son las penas que por delitos de abuso en el ejercicio de sus funciones, presuntamente cometidos contra tres mujeres demandantes de empleo, y también de agresión sexual, en el caso de una de ellas, solicita la Fiscalía para Tomás P. S.. Este, por su parte, y así se recoge en el escrito de defensa y petición de archivo, asegura que dichas denuncias "no tienen fundamento alguno" y son fruto de un complot, "de un plan urdido" contra él por las denunciantes con apoyo de ciertas funcionarias.

El proceso judicial contra Tomás P. S. se inició el 8 de julio del año pasado, y la fiscal encargada del caso ha concluido ya su escrito de acusación, que la defensa del acusado ha recurrido ante el Juzgado que lo instruye, el número 2 de Trujillo. Pide a este el archivo de la causa contra su defendido, que se derivó, cabe recordar, de la denuncia presentada por tres mujeres que ponían de manifiesto que entre los años 2005 y 2009 "el director del Centro de Empleo de Trujillo les realizó de forma continuada insinuaciones y peticiones de favores sexuales a cambio de la obtención de trabajos o de su inclusión en cursos para obtenerlos".

La fiscal considera probados los hechos, y por ellos imputa a Tomás P. S. cuatro delitos: tres de abuso en el ejercicio de sus funciones, por cada uno de los cuales pide dos años de privación de libertad y 12 de inhabilitación absoluta; y uno de agresión sexual, por el que pide dos años y medio de prisión.

Precisamente los delitos imputados son el primer motivo alegado por la defensa para pedir el archivo, "que procede", hace constar, porque "nada tienen que ver con los de acoso que inicialmente se le imputaban", y que estos se han modificado "sin haber procedido a su archivo y sin que exista denuncia sobre los ahora imputados".

POSTURAS El escrito de acusación de la Fiscalía es claro en cuanto a los hechos que considera probados y que, según se indica, Tomás P. habría cometido "siempre con pleno conocimiento de su situación profesional, así como de la ilicitud de sus actos y a sabiendas de la competencia de ventajas de las que disponía por el empleo que desempeñaba".

Recoge a continuación algunas de las "conductas ilícitas" que habría cometido hacia las tres denunciantes, y que en dos de los casos se remontan al año 2006, cuando tras acudir, cada una por separado, a la oficina del Sexpe para buscar trabajo, el acusado, con la excusa de llamarlas en el caso de encontrar alguno para ellas, les pidió su teléfono móvil, y "desde ese instante empezó a llamarla insistentemente y a decirle que la invitaba a cenar, a una copa o a lo que fuera, porque le gustaba mucho".

En el caso de una de ellas fue a más, pues según se indica en el escrito de acusación, en una ocasión la citó con la excusa de proponerle un trabajo y ya juntos le dijo "o te subes al coche o te vuelves a tu país", amenaza ante la cual "ella accedió a subirse al vehículo y Tomás le llevó a las afueras de Trujillo". Después, se añade, y pese a que ella "insistía en que se estaba equivocando, que no era ese tipo de persona", él "empezó a tocarla, se desabrochó los pantalones y se sacó los genitales", ante lo que la mujer "salió corriendo".

En cuanto a la tercera denunciante, la fiscal señala en su escrito que fue en el 2008 cuando el acusado comenzó a acosarla. "Tras ser rechazada en una entrevista el acusado la llamó para que fuera a verlo a su despacho" cita a la que ella "acudió acompañada de su cuñada", ante lo cual, él "la llamó al día siguiente para invitarla a un café". Pero al no acudir ella a la cita, "empezó a hacerla continuas llamadas diarias desde la oficina del Sexpe".

El rechazo de esta tres mujeres, concluye la fiscal, "hizo que ninguna recibiera desde entonces ninguna oferta de trabajo".

Todos estos hechos los desmiente el abogado de Tomás P. en su escrito de defensa en el que a lo largo de once folios y con más de 40 hechos concretos fundamenta su petición de archivo. Entre otros hechos, que asegura probados, hace constar que las acusaciones contra Tomás P. "carecen de sustento"; que la denuncia "no fue redactada por las denunciantes sino por quienes formaron parte de este complot contra el denunciado" --en referencia a ciertas funcionarias--; o que se ha demostrado, por otros testigos, que "toda esta denuncia ha sido una farsa".

Se hacen constar, además, las "numerosas contradicciones" en las que han incurrido las denunciantes, y que lo que realmente ha sucedido en este caso "es que los motivos de la inculpación --las acusaciones de las denunciantes--, han sido claramente desmontados por otros".