La Fiscalía Provincial de Cáceres ha pedido el archivo de la causa que, por un presunto delito de prevaricación, se seguía contra la alcaldesa popular de Almaraz, Sabina Hernández. La edil fue denunciada por el PSOE por haber hecho una imposición a plazo fijo de tres millones de euros, pertenecientes al ayuntamiento, en una oficina de Banesto donde trabaja un familiar suyo y en contra de la opinión del secretario municipal, que se negó a firmar dicha operación.
Los tres millones de euros procedían del pago de una parte del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la Central Nuclear de Almaraz que, por constituir un exceso de tesorería, no pasó a integrarse dentro del presupuesto ordinario del ayuntamiento. A la vista de las pruebas aportadas y según explican desde el PP, la fiscalía ha entendido que "no existen indicios de delito en dicha operación financiera", ya que desde el ayuntamiento "se solicitaron ofertas a varias entidades financieras, resultando la de Banesto la más rentable, tanto por el tipo de interés, más alto, como del menor porcentaje de penalización en caso de cancelación". Además, el Ministerio Fiscal reconoce que "Banesto reunía también el requisito de seguridad exigido para estos casos por la solvencia de la entidad y por la ausencia de riesgos".
La imposición a plazo fijo fue firmada por la alcaldesa y por el tesorero, no siendo así por el secretario, que se encontraba en el mes de julio de vacaciones, y que, a su regreso, se negó a firmarla. Ante este hecho, la fiscalía manifiesta que los alcaldes cuentan con un margen de discrecionalidad, y recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre del 2008 dejó sentado que "allí donde caben varias conductas y decisiones objetivamente sostenibles o donde existen dudas fundadas, la elección de una u otra no dará lugar a una acción prevaricadora, dado que se habrá mantenido dentro de lo jurídicamente aceptable".
